En los días siguientes al 1 de septiembre de 1982, a raíz de la expropiación bancaria, el presidente José López Portillo se percató que los decretos expropiatorios de la banca eran inconstitucionales, y que la Suprema Corte —en un momento de independencia no visto en decenios— podría echárselos abajo. Por tanto, el presidente decidió promover un cambio a la Constitución para que esos decretos fueran, ahora sí, constitucionales. Esas reformas se tramitaron en el Congreso y el Senado a gran velocidad. López Portillo consumó el cambio constitucional antes de dejar la Presidencia y el amparo de los banqueros fue desechado por la Suprema Corte casi un año más tarde: una mayoría de los ministros (todos menos dos, Atanasio González Martínez y Alfonso López Aparicio), decidieron no entrar al fondo del asunto, si la Suprema Corte podía revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional y dieron por buenos los efectos del cambio constitucional de manera retroactiva (ver los testimonios de Atanasio González Martínez y del juez Efraín Polo Bernal), quien admitió en primera instancia el amparo de los banqueros en el libro La nacionalización de la banca 25 años después. La historia contada por sus protagonistas, publicado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. La sumisión al Poder Ejecutivo era prácticamente total. El impacto de esa decisión sobre nuestro Estado de derecho se hizo sentir por muchos años y terminó por darle la puntilla. Tuvieron que pasar dos sexenios para la reforma al Poder Judicial del presidente Zedillo, que finalmente le dio a la Suprema Corte y al Poder Judicial en su conjunto, autonomía e independencia del Poder Ejecutivo.
Los ataques del expresidente López Obrador al Poder Judicial y, ahora, el renovado desacato de la presidenta Sheinbaum a las leyes y a las resoluciones judiciales, pretenden colocarnos de nuevo en aquellos tiempos en los que el presidente en turno ordenaba sobre el Poder Judicial y la Suprema Corte. La suspensión definitiva que dictó la jueza Nancy Juárez Salas del 19 juzgado de Distrito de Veracruz, que ordenó el retiro del Diario Oficial de la promulgación de la reforma judicial por ser considerada inconstitucional, fue recibida con una declaración de desacato por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y una denuncia en contra de la jueza ante el Consejo de la Judicatura, en lugar de ir a la instancia judicial superior. Además, los ataques cibernéticos y publicitarios en contra de la jueza no se hicieron esperar. ¿Dónde quedó el juramento de la presidenta Sheinbaum de guardar la Constitución?
Y ahora, de la misma forma que López Portillo en su momento, Claudia Sheinbaum recurre a su misma estrategia ante una posible decisión de la Corte que declare inconstitucional la sobrerrepresentación legislativa o la reforma judicial: Sheinbaum ordena cambiar la Constitución.
Para ello, la bancada de Morena en el Senado acaba de introducir una iniciativa que propone cambios a varios artículos de la Constitución. Así, adiciona un párrafo al final del artículo 103 que habla de los casos que pueden ser controversias constitucionales para señalar explícitamente que: “Quedan exceptuadas … las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso”. De la misma forma, en el artículo 105 que habla de los asuntos que puede conocer la Suprema Corte, señala que: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.
Además, la iniciativa enviada por Morena añade un párrafo en la fracción II del artículo 107, que agrega: “No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.
Los mensajes que manda la presidenta Sheinbaum son ominosos. No acata las leyes que no le gustan, y si las leyes que ella hace resultan inconstitucionales, pues cambia la Constitución. ¿Qué clase de Estado de derecho es este? ¿Quién le va a creer a la Presidenta cuando dice que respeta el Estado de derecho? ¿Qué tan seguros nos vamos a sentir los ciudadanos de que sí se respeten nuestros derechos? ¿Qué empresarios van a querer invertir en México si se pueden cambiar las leyes, incluso la Constitución, ante cualquier cambio de humor de la Presidenta? ¿Quién va a sentirse obligado moralmente a cumplir las leyes si la Presidenta es la primera que las viola? ¿Qué garantías ciudadanas tenemos? ¿Qué ejemplo está dando a aquéllos en el poder?
Esto se está convirtiendo, cada vez más, en una jungla donde la ley del más fuerte será la que prevalezca; donde la convivencia social no está regida por las leyes sino por la fuerza de quien detenta el poder, ya sea civil, militar o del crimen organizado.
Así estamos.