Todo parece indicar que nuevamente estamos ante una elección de Estado en Puebla. El 1 de julio de 2018 muchos opinamos que se trataba de una elección de Estado. La inactividad del exgobernador Antonio Gali ante las protestas y llamadas de auxilio por la violencia que se desató en 71 casillas durante la jornada electoral, eran una prueba contundente. Todavía ni la Fiscalía General del estado ni la FEPADE han aclarado lo ocurrido ese día, independientemente de otras consideraciones que se registraron durante la contienda pasada.
Ahora, en esta elección extraordinaria para gobernador, el proceso electoral parece apuntar de nuevo a una elección de Estado. Además de las amenazas reseñadas en mi columna de la semana pasada, se han agregado otras formas de presión a nivel estatal y señales de intervención a nivel federal. Las amenazas continúan, ahora con la encomienda adicional de multiplicar el voto. En particular he tenido noticias de diversos servidores públicos de Puebla, Chignahuapan y Tehuacán, que han recibido un formato para anotar su nombre y conseguir 10 personas más. El formato debe incluir una copia de la credencial de elector de cada persona, quienes deberán sufragar por la coalición Juntos Hagamos Historia en Puebla. En caso de no hacerlo, el servidor público será despedido. Ello ha llevado a una indignación por parte de las personas amenazadas, pero al mismo tiempo a una reticencia a votar libremente. El caso va a ser llevado a los tribunales por el PRD.
A estas amenazas se suma el acarreo de jóvenes de preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sin su conocimiento, a "eventos académicos" que resultaron ser mítines de Miguel Barbosa. Muchos de ellos incluso son menores de 18 años y fueron sin consentimiento de sus padres. No sé si ello sea o no un acto ilegal, jóvenes alumnos que acuden sin su conocimiento a actos de proselitismo político. Esto no puede ocurrir a espaldas de las autoridades.
Por si fuera poco, la Secretaría de Bienestar de Puebla comenzó a entregar el martes pasado tarjetas de débito (aún sin fondos) a los beneficiarios de los programas de adultos mayores y personas con discapacidad. Esto está ocurriendo a pesar de que en una mesa de diálogo político entre los partidos, el INE y el gobierno habían acordado que la entrega se haría previa discusión de las fechas para asegurarse que no habría un impacto en el proceso electoral. La entrega de tarjetas se está llevando a cabo en estos días (a menos de dos semanas para las elecciones) y, al no saber quiénes son los beneficiarios, pues el padrón no es público, se presta a un clientelismo electoral evidente. Parece entonces que el gobierno federal ya se involucró también en la contienda.
Al sumar las amenazas directas que reseñé la semana pasada (a servidores públicos –especialmente a presidentes municipales–, sesgo de la cobertura mediática, e incluso amenazas a mi persona por parte del gobierno estatal) a los agravios de esta semana y su naturaleza, se siguen acumulando elementos. Se está configurando un retroceso significativo de nuestra democracia que recuerda el proceso hegemónico del PRI, ya superado desde hace años. Es realmente de lamentar que esto esté ocurriendo en la primera elección en la era de la 4T, cuando el presidente López Obrador había prometido que habría garantía de suelo parejo, elecciones limpias y respetuosas.
Pero a pesar de ello se debe lograr que los ciudadanos puedan emitir su voto libre y secreto el próximo 2 de junio, sin irregularidades, sin violencia, sin coerción. El gobierno del estado de Puebla deberá garantizarle a los ciudadanos que habrá paz y seguridad para que cada persona decida quién quiere que la gobierne los próximos cinco años.