Opinión Enrique Cardenas

La 4T tras nuestros datos personales

El anuncio del presidente López Obrador de su intención de desaparecer varios órganos constitucionales autónomos es un paso más hacia el aumento del poder y control.

El anuncio del presidente López Obrador de su intención de desaparecer varios órganos constitucionales autónomos es un paso más hacia el aumento de poder y controlar, casi personalmente, el sector energético, el de telecomunicaciones, la competencia económica y la información.

Debe quedar claro que, además de las implicaciones políticas y jurídicas, que son muchas y han sido muy cuestionadas por su inviabilidad y por sus implicaciones en la naturaleza del Estado mexicano, la eliminación de estos órganos del Estado nos afectan como personas de forma directa.

Algunos ejemplos: la desaparición de los órganos reguladores va en contra de nuestros intereses como consumidores. No habría quién vigile los excesos de monopolios cuando cobran precios más altos o disminuyen la calidad de sus productos sin que el consumidor tenga alguna otra alternativa; no habría quién asegure que los consumidores tengamos las mejores tarifas de telefonía e internet y que haya la inversión requerida para brindar un buen servicio al mejor precio; no habría quién nos garantice que haya suficiente calidad y seguridad del abastecimiento eléctrico y de hidrocarburos; no habría manera de conocer en qué se gastan nuestros impuestos ni los resultados de la gestión gubernamental que podría orientar nuestro voto en las elecciones. Con la eliminación de estas instituciones, que por cierto le fueron arrancadas al régimen autoritario del pasado priista por la sociedad civil (ver, por ejemplo, la columna de ayer de Tonatiuh Guillén https://reforma.com/t5R5Nr/restauracion-autoritaria/), quedaríamos a merced del todopoderoso presidente de la República, sin que nadie pudiera defendernos, sin institución que nos apoye. No habría un tercero que limitara y exigiera al Ejecutivo hacer su trabajo y hacerlo bien.

Pero un segundo impacto que nos afecta personalmente es que no podríamos defender la protección de nuestros datos personales. El Inai no sólo se encarga de tutelar nuestro derecho al acceso a la información pública (que el gobierno siempre trata de ocultar), sino que es el órgano del Estado, autónomo de los tres poderes y con jurisdicción sobre todos ellos, que se encarga de cuidar nuestros datos personales. En otras palabras, con la desaparición del Inai el propio gobierno se encargaría de 'proteger' toda nuestra información privada sin ningún límite; no podríamos exigir esa protección más que al mismo gobierno. Estaríamos a sólo un paso de un régimen dictatorial, que nos recuerda la novela de George Orwell, 1984, en donde el big brother nos puede observar minuto a minuto en nuestra actividad diaria sin justificación alguna. Nuestros datos estarían resguardados por el gobierno en turno, no importa su partido, y el poder que eso conlleva es inconmensurable. Imagine, por ejemplo, si al conocer nuestros movimientos cotidianos a alguien se le ocurre atacarnos en el espacio más vulnerable. O bien, el chantaje al que se puede estar sujeto por darse a conocer cierta información personal. O bien, el ataque político que una persona cualquiera puede sufrir por quien detenta el poder. Las situaciones y los posibles usos indebidos son muy variados y nuestra imaginación es el límite. No en balde todos consideramos que los datos personales nos pertenecen únicamente a nosotros, y que cada uno de nosotros debe tener la libertad de escoger con quién compartirlos. Con el Inai, sí compartimos nuestros datos personales al realizar cualquier actividad lícita, como abrir una cuenta de banco. Sin embargo, el banco no está facultado para usarlos para algo distinto para lo que fue solicitado. Si el banco lo hace, comete un ilícito y el Inai nos protege. Y si es el gobierno quien pide nuestros datos personales para tramitar el pasaporte, la Secretaría de Relaciones Exteriores sólo debe utilizarlos para ese propósito, y no para compartirlos con nadie más a menos de que exista una ley o una orden judicial de por medio. De no existir el Inai, no tendríamos manera de quejarnos ante el gobierno porque él mismo es el que decide el resguardo de la información. El gobierno se desempeña como juez y parte.

Somos celosos del uso de nuestros datos personales, tanto en México como en cualquier país. Somos tan celosos que en estos días han migrado decenas de millones de personas de WhatsApp a otras plataformas al anunciar la compañía que modificaba sus políticas de privacidad, para ampliar los usos de los datos de quienes usan esa plataforma.

Asimismo, nos preguntamos ¿qué quiere esconder el gobierno al eliminar al Inai?", o ¿para qué quiere el gobierno nuestros datos personales? Los gobiernos autoritarios siempre han utilizado la información como control, porque la información es poder, quien tiene la información sobre el individuo, controla al individuo, y más en tiempos de ingente tratamiento de la misma por medios automatizados. Las experiencias históricas, remotas y actuales, lo demuestran. Permitir que desaparezca el Inai es dar permiso al gobierno del uso irrestricto de nuestra información, que sólo nos pertenece a nosotros. Es permitir que el Ejecutivo concentre aún más poder, lo que representa un grave retroceso en nuestra incipiente democracia. Es permitir un cambio en la naturaleza de nuestro Estado para convertirse en uno de corte autoritario y déspota, con todo el control de nuestras vidas, incluso de nuestra privacidad.

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