Legado económico del primer año de AMLO
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Legado económico del primer año de AMLO

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Legado económico del primer año de AMLO

27/12/2019
Actualización 27/12/2019 - 10:26

Al concluir el 2019 y los primeros 13 meses del gobierno de AMLO, más su interregnum desde el 1 de julio de 2018, creo importante hacer un alto en el camino y hacer un corte de caja en lo que va del sexenio relativo a la economía. Uno similar realizado por Sergio García Ramírez en el tema de gobernanza y democracia (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/legados-del-2019) me ha llamado a escribir este texto.

Quisiera dividir la reflexión en tres partes: la coyuntura, los cambios institucionales y el crecimiento de mediano y largo plazos. En cuanto a la coyuntura, lo más destacable en lo positivo es la estabilidad macroeconómica con un balance en las finanzas públicas, la reducción de la inflación, PERO acompañadas por la caída del empleo y de la actividad económica. No cabe duda que AMLO tiene muy claro que ejercer déficits fiscales lleva a más deuda y a la inestabilidad de los precios y del tipo de cambio. Por ello ha hecho lo necesario para evitar un déficit público dada la reducción de los ingresos del Estado, es decir ha reducido el gasto público en la cantidad que ha sido necesaria. Incluso ha logrado tener un superávit primario (los ingresos alcanzan para pagar el servicio de la deuda), aunque esto ha sido posible sólo mediante el uso de los fondos de estabilización que por casi un decenio se habían venido acumulando para alguna emergencia. Más de la mitad de ese fondo ya se utilizó en 2018. Al contraer el gasto público para evitar un déficit dada la reducción de los ingresos ha reducido también la demanda y ello ha llevado a una baja en la inflación para ubicarse, por primera vez en muchos años, por debajo del 3 por ciento anual que es la parte inferior de la meta del Banco de México. Todo esto parece positivo y lo es, aunque lamentablemente la razón para estos 'éxitos' sea la contracción de la actividad económica, que se redujo del 2 por ciento observado el año pasado (y del 4 por ciento de crecimiento pronosticado por el gobierno) a apenas el CERO por ciento que se registra este primer año de gobierno. No hablemos de la reducción del crecimiento económico en términos per cápita ni de su desempeño regional, pues lo que encontraremos es una contracción severa que no habíamos visto desde la crisis de 1995. La menor actividad económica se corresponde, a su vez, con menor creación de empleos formales en la economía, no obstante el más de millón de becas a Jóvenes Construyendo el Futuro, que apenas alcanzan unos 40 mil jóvenes que se quedarán trabajando en las empresas. Así que, en la 'coyuntura', nos encontramos en un estado estable, de parálisis económica.

En cuanto a cambios institucionales que afectan la economía ha habido muchos. El más positivo, sin duda, fue la firma del T-MEC ya negociado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto con el excelente trabajo de Ildefonso Guajardo. Como se sabe, al texto se le agregaron varios adendums por el Congreso demócrata de los Estados Unidos que de facto reabrieron las negociaciones y que fueron concluidas en el gobierno de AMLO. Independientemente de todo, no hay duda que es mejor tener un tratado a no tenerlo, a pesar de los cambios que claramente beneficieron a Estados Unidos. Por otra parte, se han señalado repetidamente la captura de varios órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como de otros órganos constitucionales cuya gobernanza debe ser estable. La captura ha tomado varias formas, como la reducción radical de su presupuesto o el nombramiento de funcionarios sin suficiente capacidad, pero lealtad absoluta al presidente. El sainete de los contratos de los gasoductos iniciado por el director de la CFE, Manuel Bartlett, que llevó a un costo adicional al país, o las recientes amenazas de la secretaria de Energía para afectar el mercado de energía eléctrica pueden contarse también como potenciales 'cambios' institucionales que afectarían el ambiente de negocios, las inversiones y por tanto el crecimiento económico. El saldo en este renglón difícilmente puede ser positivo.

Finalmente, el crecimiento a largo plazo, que depende de la inversión pública y privada, nacional y extranjera, es lo más preocupante. Desde antes de tomar posesión, el anuncio de la cancelación del NAIM por AMLO marcó el inicio de una serie de medidas que han afectado la inversión y por tanto el crecimiento futuro: la contracción de la inversión pública y de la privada (a pesar de las promesas de las cúpulas empresariales), la poca inversión pública en proyectos poco rentables, la inseguridad creciente en el país y la debilidad en el Estado de derecho, el terrorismo fiscal que en principio trata como delincuentes a causantes cumplidos y utiliza al SAT como instrumento persecutorio dirigido, merman la confianza en el futuro del país y por ende la inversión.

Las perspectivas de crecimiento para 2020 son de apenas el 1 por ciento, que significará una nueva baja en el PIB per cápita y desaceleración en muchos estados del país. Será prácticamente imposible alcanzar el 4 por ciento de crecimiento promedio anual prometido por AMLO en su campaña y seguiremos perdiendo nuevos empleos. El tipo de cambio ha estado estable, pero a costa de una alta tasa de interés y equilibrio muy forzado de las finanzas públicas.

Si le agrega usted a este recuento lo referido por Sergio García Ramírez y lo que otros expertos han escrito sobre la situación de inseguridad, medio ambiente, derechos humanos y migración, el legado del primer año es grave y poco prometedor.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.