Universidad Iberoamericana de Puebla/Puebla contra la Corrupción e Impunidad .
En mis clases de historia económica revisamos las múltiples crisis macroeconómicas que hemos vivido en México. Desde la Gran Depresión hasta nuestros días, pasando por las devaluaciones de 1938, 1948, 1954, 1976, 1982, 1994-5. Revisar las crisis es siempre interesante porque desnuda la estructura del país, muestra 'sus huesos'. Y en esas discusiones con los alumnos, una pregunta clave es la siguiente: ¿en qué momento la crisis que se avecinaba ya no podría evitarse? ¿Cuál era el momento o punto de no retorno? Y de manera similar, discutimos para cada una de esas crisis devaluatorias cuál, de existir, fue el punto de inflexión, el punto de quiebre que provocó, más adelante, ese conflicto.
Así, por ejemplo, es interesante preguntarse cuándo fue el último momento en que la crisis de 1994-1995 se pudo haber evitado. ¿Ese punto de no retorno fue la decisión de NO flotar el tipo de cambio cuando ya su sobrevaluación era más que evidente? ¿O fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994? ¿O fue cuando la emisión de Tesobonos sobrepasó la emisión de Cetes en junio?, y ¿cuál fue el punto de inflexión?
Pareciera un análisis de poca importancia pues lo ocurrido ya pasó y no se puede hacer nada al respecto. Pero no es así. Justamente la historia económica nos sirve para evitar los mismos errores, percatarnos de peligros que nos acechan, o tener una mejor idea de cómo vienen las cosas. La historia económica, me parece, es entre otras cosas un excelente instrumento de análisis que amplía nuestra visión hacia adelante.
Por eso, cabe ahora preguntarse: ¿llegamos ya a un punto de no retorno en el camino del estancamiento que estamos viviendo? ¿Habrá irremediablemente una depreciación significativa del peso? Hace unos meses escribí una columna en este diario que denominé 'Una receta para enderezar la economía' (13 junio, 2019). Todavía entonces se veía como posible, aunque poco probable, que el gobierno reconsiderara ciertas políticas que había adoptado. Era necesario revertir lo que ya se perfilaba como los inicios de un proceso que nos llevaría al estancamiento y eventualmente a una crisis devaluatoria. Hoy, pareciera que ya llegamos al punto de no retorno, donde sólo cambios significativos en la política económica del gobierno podrían impedir o más bien atemperar el estancamiento. ¿Por qué?
Uno, los incentivos para la inversión privada se han reducido conforme ha pasado el tiempo. La continuada percepción justificada de un clima de amenazas al Estado de derecho y la aplicación justa de la ley, al terrorismo fiscal, la forma de tomar decisiones y las decisiones mismas (como la cancelación del NAIM), el desprecio por la técnica y el conocimiento, entre otros, han introducido un alto grado de incertidumbre entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Brindar certidumbre implicaría revertir cambios legales (como equiparar faltas fiscales como crimen organizado y la ley de extinción de dominio), nombramientos (como los de la CRE y la CNDH) y acciones específicas. No se ve que AMLO lo pueda revertir a estas alturas sin un alto costo de su imagen ante sus seguidores.
Dos, una política económica de 'austeridad' ha afectado negativamente la provisión de servicios públicos de calidad, al tiempo que inyecta recursos escasos a proyectos de inversión con rentabilidad baja o incluso negativa. La política energética es el mejor y más significativo ejemplo. El gobierno está inyectando dineros a Pemex en lugar de permitir que inversión privada participe con la empresa de manera efectiva. Ello reduce los fondos disponibles para salud, educación y seguridad, entre otros. El aumento del gasto público de pensiones y del servicio de la deuda, que seguirán creciendo irremediablemente en los años próximos, reducen aún más la capacidad del gobierno de proveer servicios esenciales a la sociedad. A ello le agregamos el uso claramente clientelar de los programas sociales, sin resolver verdaderamente la problemática ni contar con reglas ni mecanismos para su operación ni evaluación. Así no se hace una política redistributiva. Que AMLO revierta la política energética y la política social es, en realidad, impensable. Echaría por tierra una buena parte de su narrativa personal. No lo hará.
Tres, la incompetencia del gobierno ha quedado institucionalizada en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y en la prohibición legal, por diez años, de trabajar en el sector privado en áreas afines a su responsabilidad pública. El desmantelamiento de la experiencia acumulada en cientos de puestos de responsabilidad tomará años en recomponerse. Aun si se restituyeran salarios competitivos, cierta seguridad en el empleo y se disminuyera el tiempo de prohibición mencionada, tomará años recuperar niveles de alta capacidad en el gobierno.
Queda claro entonces que para revertir la tendencia al estancamiento que se observa para los próximos años y evitar una eventual crisis devaluatoria se requeriría un cambio de gobierno, con políticas muchas veces opuestas a las que se están llevando a cabo. Eso no ocurrirá en este gobierno. Por eso creo que ya llegamos al punto de no retorno. Y sigo pensando que el punto de inflexión, cuando la tendencia se modificó hacia el deterioro, fue la cancelación del NAIM en octubre de 2018.