El próximo miércoles, si todo sale como está previsto, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobará, sin modificar, las reformas a la Ley de Hidrocarburos que envío el presidente de la República el pasado 26 de marzo.
Todo indica que existe la intención de someterla a la discusión del pleno el próximo jueves 15 de abril. Y, si no hay sorpresas, pasará, como en el caso de la reforma eléctrica, “sin cambiarle una sola coma”.
Hay una diferencia fundamental entre la reforma eléctrica que se aprobó previamente y esta iniciativa hoy en discusión.
La reforma eléctrica, cuya vigencia fue suspendida por los tribunales especializados en materia de competencia, tenía un efecto inmediato. Estaba orientada a permitir que la energía generada por la CFE sea usada en el sistema eléctrico nacional, y al requerirse un mayor uso de las plantas de la empresa pública, podría utilizarse el combustóleo como combustible, cuya acumulación es un dolor de cabeza para Pemex.
Puede uno estar en desacuerdo con esa reforma, puede considerarse como en principio lo hicieron los jueces que dictaron la suspensión definitiva, que es anticonstitucional por afectar las condiciones de competencia, así como los derechos ambientales de los ciudadanos, pero tiene una lógica económica clara para favorecer a las empresas públicas del sector.
En el caso de las reformas a diferentes artículos de la Ley de Hidrocarburos, parecen no tener ese sentido económico.
Hay modificaciones administrativas que tal vez pudieron haberse pasado sin demasiado ruido, como nuevas exigencias en materia de almacenamiento para los solicitantes de permisos o el establecimiento de la llamada ‘negativa ficta’ relativa a las solicitudes por parte de empresas privadas.
Respecto al hecho de que se busque dar más elementos a la autoridad para combatir el huachicoleo y el contrabando, la realidad es que la legislación vigente los ofrece, y lo que ha fallado es la aplicación de la norma.
La parte sustantiva de la iniciativa es el derecho que se da a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender permisos cuando se considere que hay peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.
Además, estableciendo que la autoridad puede tomar el control de las instalaciones del permisionario y entregarlas a Pemex o CFE para su operación.
Se está entregando a la autoridad del sector un garrote que puede esgrimir discrecionalmente.
Hay evidencias de que, si la reforma eléctrica generó preocupación en inversionistas norteamericanos y canadienses, además de los nacionales desde luego, este cambio en la Ley de Hidrocarburos ya ha prendido las alertas al más alto nivel incluso en el gobierno de Estados Unidos.
Si esta iniciativa siguiera la ruta de la reforma eléctrica, solo habría que esperar su publicación en el Diario Oficial para que se empezaran a promover amparos y reclamos en el marco del TMEC, por la amenaza de expropiación de facto que implica.
Sé que ya han llegado las preocupaciones sobre el tema a diferentes esferas de la 4T. Sin embargo, hasta ahora el lineamiento desde el Palacio Nacional es seguir de frente con los cambios para aprobarlos en este mismo mes.
La prisa aparente que existe ha hecho pensar a más de uno si el presidente de la República no está considerando seriamente la posibilidad de que Morena y sus aliados no alcancen la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y por lo mismo, está empujando a que haya cambios que eventualmente no podrían realizarse en la legislatura que habrá de instalarse el 1 de septiembre.
Esa interrogante resulta pertinente porque hasta ahora nadie está pensando seriamente en suspender permisos de gasolineras y demás instalaciones de la industria petrolera para entregárselos a Pemex.
¿O acaso sí?
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