Imagine usted por un momento que el pasado jueves 16 de abril no se hubiera incluido en el Senado el artículo transitorio que extiende dos años el plazo de Zaldívar como presidente la Corte y de varios integrantes del Consejo de la Judicatura.
En este momento, el diálogo público versaría sobre el contenido de la reforma judicial aprobada por el Legislativo, así como de todas sus consecuencias positivas.
Quizás incluso, se podría haber logrado una votación en las cámaras con un alto grado de consenso.
Pero no. En contra de lo que el presidente afirmó, parece que al Ejecutivo no le interesa demasiado la reforma judicial. La 4T no quiso cosechar el éxito de la reforma, sino que a última hora le metió el veneno que ha conducido a que ese tema sea irrelevante en la discusión pública y atizó la polarización que existe en la sociedad.
La inclusión del transitorio nada cambia en la Corte desde ahora y hasta el final del 2022, ni tampoco en el Consejo de la Judicatura, desde este momento hasta el final del 2024.
Las condiciones son exactamente las mismas en esos plazos, con el transitorio o sin él.
Aún suponiendo que se alargara el periodo de Zaldívar, esto no influiría en las discusiones de los muy diversos temas que van a llegar pronto a la Corte, desde el asunto eléctrico hasta el registro de los usuarios de la telefonía celular o la reforma en materia de hidrocarburos.
El presidente de la Corte tiene influencia importante en la operación de la institución o de la Judicatura, pero no hay que olvidar que los temas relevantes en realidad se definen por la votación de los ministros en un caso o de los magistrados en el otro.
¿Por qué es tan importante para el gobierno que Zaldívar continúe como presidente la Corte en 2023 y 2024?
Creo que la única razón es porque López Obrador supondría es factible que alcance la presidencia de la Corte al final de 2022 algún ministro con más años de trayectoria y no alguno de los tres ministros que él ha propuesto.
Y tal vez piense que el siguiente presidente de la Corte puede estar más distante ideológicamente de la 4T que Zaldívar y ser un factor relevante en la última parte del sexenio.
Zaldívar, en 2019, logró imponerse a los aspirantes Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán.
No es improbable que alguno de ellos quisiera volver a contender por la presidencia en 2022 y que eventualmente pudiera tener el respaldo necesario más allá de las ministras y ministro que fueron designados por AMLO.
Sin subestimar el cambio que representaría la permanencia de Zaldívar por dos años más en la presidencia, creo que será de mayor relevancia aún en términos prácticos, el último nombramiento de un ministro de la Corte que hará López Obrador, si alguno no deja su cargo anticipadamente.
En diciembre de este año, Fernando Franco terminará su periodo.
El presidente habrá de proponer una terna para reemplazarlo. El designado o designada deberá tener mayoría constitucional en el Senado.
En diciembre de 2018, Juan Luis González Alcántara fue ratificado por 114 votos; en marzo de 2019, Yasmín Esquivel logró el nombramiento con 95 votos, y en diciembre de 2019, Margarita Ríos Farjat también fue nombrada con 95 votos a favor.
El cuarto ministro propuesto por AMLO será muy relevante pues hay que recordar que, para declarar una ley inconstitucional, se necesitan 8 votos.
Si los cuatro ministros designados en esta administración votaran en el mismo sentido, el otro bloque solo sumaría siete votos y no alcanzaría el número para declarar inconstitucional el transitorio de la reforma judicial.
Me parece que la posibilidad de que un nuevo integrante de la Corte alcance los niveles de consenso de los nombramientos previos requeriría una distancia respecto a la 4T que hoy AMLO no parece dispuesto a otorgar. Pero esta circunstancia puede cambiar si en las elecciones de junio Morena tiene un descalabro. Así que, ese nombramiento sin duda será influido por el resultado electoral.
Por cierto, hay una pregunta que debe hacerse al ministro presidente luego de conocer su posicionamiento tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma judicial.
Si eventualmente, se sujeta a discusión en el Pleno de la Corte la constitucionalidad del polémico artículo transitorio que le dio 2 años más como presidente, será interesante saber si él va a votar o se va a excusar de hacerlo.
Si ocurre lo segundo, votarían 10 ministros.
Bajo la hipótesis -solo hipótesis- de que los tres designados hasta ahora en esta administración voten por considerar constitucional el transitorio, y los restantes lo rechacen, no se alcanzaría el mínimo de ocho votos para poder invalidar la reforma.
Ojalá que esta consideración no haya estado presente en la respuesta del Ministro Presidente de la Corte.