El pasado 12 de noviembre escribí en este espacio un texto que titulé: ‘¿Y qué pasó con el nombramiento de Arturo Herrera?’.
Argumenté en ese texto que si se confirmaba que el presidente de la República se arrepentía y retiraba la nominación de Herrera, podríamos caer en una crisis financiera.
Ayer, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que la propuesta de Herrera fue retirada desde agosto por parte del presidente de la República; sin embargo, Herrera confirmó ayer que fue hasta la semana pasada cuando recibió la notificación de que el presidente no lo propondría para integrarse a la Junta de Gobierno.
Fue el 9 de junio, cuando el presidente López Obrador anunció el cambio en Hacienda y la nominación de Herrera para la gubernatura de Banxico.
¿Qué fue lo que ocurrió entre esa fecha y agosto, cuando retiró la propuesta? ¿Por qué no informó a Herrera, quien según reveló prácticamente acaba de enterarse hace pocos días?
En la respuesta solo caben filtraciones de personas cercanas a los hechos mientras los involucrados no cuenten lo que pasó.
De acuerdo con la información que he recabado, se encomendó a Herrera un manejo de las participaciones federales antes del proceso electoral que no correspondía a la Ley de Coordinación Fiscal.
Las versiones señalan que Herrera no acató la instrucción recibida, sino que procedió conforme a la Ley.
Esto se habría detectado semanas después del proceso electoral, lo que motivó la molestia presidencial y el retiro de la nominación.
Antes de la actual, el presidente López Obrador había hecho tres nominaciones para la Junta de Gobierno del Banxico, las tres intachables: Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y Galia Borja.
La de Herrera había sido bien aceptada ya por los mercados financieros.
Lo que ahora genera incertidumbre es la identidad de quien se integre a la Junta y de quien sería el gobernador.
Pudiera proponerse al Senado que alguien se integre a la Junta y designar como gobernador a alguien que ya sea parte de ella.
O bien podría someter al Senado el nombre de un tercero y tras ser votado, designarlo gobernador.
El presidente no puede integrar a la Junta a quien el quiera, ya que su nominación requiere dos terceras partes más uno de los votos del pleno del Senado.
Si propone a alguien que evidentemente no cumple los requisitos o es inaceptable para la oposición, no tendrá los votos que requiere.
Bueno, pero pensemos el peor de los casos. Es decir, uno en el que a través de presiones logra la aprobación de algún candidato que sea claramente mal visto por los mercados financieros, aun en su calidad de gobernador, las decisiones vitales del Banxico deben ser tomadas por una Junta.
Obviamente, como vocero del Banxico, el gobernador puede influir mucho más que los otros integrantes de la Junta, pero tiene acotados sus márgenes de maniobra.
Incluso, podría no hacer el nombramiento este año y dejar una Junta de cuatro, en cuyo caso, la decana, Irene Espinosa, se desempeñaría temporalmente como gobernadora.
Por esa razón es que a pesar del arrepentimiento presidencial no hubo pánico ayer.
Sí hubo inquietud, ante el temor de que la radicalización que se ha visto en otras esferas se contagie al ámbito financiero.
Pero, de la misma manera que la integración a la Suprema Corte de Loretta Ortiz, cercana al presidente de la República, no va a cambiar de modo drástico los balances de este órgano, que tiene 11 integrantes y que en decisiones recientes ha mostrado su independencia, en el Banxico existen recursos y mecanismos para garantizar su autonomía.
Si el presidente López Obrador quisiera saltarse las reglas y pretendiera obligar al Banxico a ir en contra de su propio órgano de gobierno a partir de las decisiones unilaterales de un gobernador, entonces sí los mercados financieros podrían responder con una corrida, que golpearía severamente la estabilidad financiera del país.
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