La propuesta del gobierno estadounidense de establecer un estímulo fiscal de hasta 12 mil 500 dólares por unidad para los autos eléctricos que se fabriquen en su totalidad en Estados Unidos es una acción cuya trascendencia no se puede exagerar.
Si hay un sector que claramente representa el éxito exportador en México y de integración manufacturera en América del Norte es precisamente el del automóvil.
Antes de que entrara en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), las exportaciones automotrices fueron de 10 mil 364 millones de dólares en 1993. En 2019 alcanzaron los 136 mil 548 millones de dólares.
Esto significa un ritmo de crecimiento anual promedio de 9.9 por ciento a lo largo de 26 años. Si se compara esta cifra, por ejemplo, con el aumento de la producción industrial total para ese mismo periodo, que fue de 1.4 por ciento, se contrasta claramente el gran éxito de la exportación automotriz.
La configuración de este sector ganador en nuestro país no fue de un día para otro. Se requirieron varias décadas de inversiones, así como de modernización tecnológica, capacitación de la mano de obra y desarrollo de una infraestructura logística adecuada.
Aun sin el estímulo que propone el gobierno norteamericano para su industria, las empresas automotrices establecidas en México están en un riesgo ante el profundo cambio que se está dando en el sector.
En el curso de las próximas dos décadas, lo más probable es que una parte muy significativa de la producción automotriz migre de la estructura que hoy existe, basada en motores de combustión interna, que utilizan gasolina y diésel, a otra basada esencialmente en la energía eléctrica.
La propia estructura de los vehículos habrá de cambiar y será necesario también redefinir una parte muy importante de la industria de autopartes, la cual es tan relevante en México como la propia industria de ensamblaje de los vehículos.
Pero si a ese cambio se le agrega el hecho de que los estadounidenses configuren un esquema para abaratar la manufactura de vehículos eléctricos en su territorio, se pone en cuestión al sector más importante de la industria en el país y a uno de los más exitosos.
La amenaza no es para el corto plazo, pues la vigencia de los créditos fiscales será a partir de 2027. Sin embargo, para el largo plazo es de gran trascendencia.
Más allá del reclamo de México ante esta decisión violatoria del TMEC, en el cual se han unido el gobierno y la industria de manera inusitada, nos hace falta una estrategia de mediano plazo para planear una reconversión completa de la industria automotriz.
Los procesos de reingeniería de las plantas no son asunto de un año o de dos, sino de mucho tiempo.
Lo que vimos recientemente con la escasez de los chips que se utilizan para los automóviles es un ejemplo de los problemas que pueden suscitarse, si no hay una planeación con un amplio horizonte y con el compromiso tanto de la industria como del gobierno de trabajar en mantener la competitividad de ese ‘ecosistema’ manufacturero.
Más allá del reclamo y del cabildeo, poco podemos hacer respecto a la votación que tendrá efecto previsiblemente la próxima semana en el Senado de Estados Unidos.
Pero lo que sí podemos hacer es trabajar para planear este cambio, que será el más importante que haya tenido la industria automotriz en muchas décadas y que de no hacerlo nos tomará con los dedos en la puerta.