¿De qué dimensión será el golpe de imagen recibido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ante su decisión de ocultar el dictamen final de la empresa DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro?
No lo sabemos aún, pero creo que puede ser devastador.
En mayo del 2021, cuando de modo casi inmediato a la tragedia, la empresa DNV fue contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, encabezada por Myryam Urzúa, el gobierno capitalino defendió la contratación señalando que se trataba de una empresa cualificada para realizar la investigación, aunque algunos críticos señalaban que su especialidad parecía estar más bien en el ámbito energético.
En la presentación del Primer Informe Preliminar, el pasado 17 de junio, El Financiero encontró que en una versión previa a la que tuvo acceso, estaban cuatro líneas de investigación que finalmente no aparecieron en el documento que se hizo público.
Estas líneas eran “el pandeamiento lateral-torsional de las vigas de acero, la trituración de la losa de concreto, la influencia de cargas por el sistema de ferrocarril y la falta de mantenimiento de la infraestructura”.
Por lo que ha trascendido del contenido del Informe Final, pareciera que sí fueron consideradas dichas líneas y hubo hallazgos que implican responsabilidades del actual gobierno de la Ciudad.
El tercer informe que se ha ocultado, se orienta a determinar la causa raíz del desplome, por lo que sus conclusiones deben ser más amplias que en los dos primeros.
En lugar de hacer pública la información, y en todo caso presentar los argumentos para disentir de las conclusiones de los peritos, el gobierno capitalino tomó la decisión de ocultarla con argumentos frívolos como el hecho de que hay en la firma un abogado que hace años participó en un litigio contra AMLO o que supuestamente no se siguió la metodología acordada.
La razón real del ocultamiento es más que obvia. Evidentemente en ese informe se establecen responsabilidades a la actual administración que hasta ahora Claudia Sheinbaum no ha querido asumir.
La firma DNV expresó que siguió la metodología acordada y que no existe ningún conflicto de intereses por parte de los peritos que participaron. Después de la presentación del primer informe, el gobierno capitalino trató de atribuir toda la responsabilidad tanto a la administración de Marcelo Ebrard como a las empresas encargadas de la construcción, especialmente a grupo Carso.
Si ahora resulta que en realidad hubo una responsabilidad compartida en donde el gobierno actual de la Ciudad de México actuó de forma negligente, el costo para la imagen de la Jefa de Gobierno será doble.
Por un lado, el derivado de las decisiones equivocadas que se tomaron en los primeros años de sus gobierno respecto a esa línea del Metro durante la gestión de Florencia Serranía y, por otro, el derivado del intento de ocultar tales responsabilidades.
No sé si los asesores de Sheinbaum le han dicho que el informe habrá de conocerse en algún momento, sea por alguna filtración como las que ya de manera informal se han estado realizando o bien por el hecho de que, por mandamiento judicial, tenga que hacerse público.
Estas circunstancias, además, se dan en el contexto de que pese a las promesas tanto del gobierno local como incluso del Presidente de la República, un año después, ese sistema de transporte no se ha puesto nuevamente en funcionamiento, afectando a cientos de miles de personas.
Otro ingrediente es que todo esto sucede cuando la competencia entre los aspirantes a obtener la candidatura presidencial de Morena para el 2024 es cada vez más intensa.
Todo indica que el año pasado, el Presidente de la República tuvo que intervenir para que el litigio entre Ebrard y Sheinbaum no descarrilara a ambos en la carrera presidencial.
Ahora veremos qué es lo que hace López Obrador, pues el golpe de este caso a la Jefa de Gobierno podría dejarla con un daño político irreparable.