De manera sorpresiva, el viernes pasado, la calificadora Moody’s bajó la nota de la deuda soberana de México.
Estaba en Baa1 y la bajó a Baa2.
Para ponerlo en castellano, es como si tuviéramos 7.5 de calificación y nos hubieran bajado a 7.
No cambia demasiado la circunstancia, pero el sentido del movimiento es significativo.
Fue sorpresivo porque en realidad pocos lo esperaban.
De acuerdo con la encuesta que aplica Credit Suisse entre manejadores de fondos de inversión, sólo 16 por ciento consideraba que podría haber una baja.
Además, el hecho ocurrió días después de que la otra agencia de gran relevancia, Standard & Poor’s (S&P), había ratificado la nota de la deuda mexicana e incluso había mejorado su perspectiva.
¿Quién hizo la mejor evaluación? ¿Moody’s o S&P?
Los mercados decidirán.
Pero, por lo pronto, creo que la baja de la nota no tendrá impacto mayor cuando empiecen las operaciones financieras este lunes.
El hecho muestra que hay criterios diferentes de las calificadoras y que mientras S&P pondera las características de los arreglos institucionales en México para asegurar una relativa estabilidad, Moody’s considera que el menor crecimiento de la economía y las interrogantes del entorno son suficientes para bajar un escalón en la nota de la deuda mexicana.
Ambas calificadoras mantienen la deuda mexicana con grado de inversión. Ese hecho asegura que esta decisión no repercuta en una venta masiva de bonos mexicanos. Y por lo tanto, creo que tampoco afectará mayormente al tipo de cambio y a las tasas de interés.
Incluso, ambas calificadoras podrían bajar otro escalón la calificación de la deuda soberana y se seguiría conservando el grado de inversión.
Me parece que hay diversos elementos que nos permiten suponer que habrá una relativa estabilidad en las finanzas públicas en el curso de los próximos años.
El gobierno ha mostrado que, por encima de todo, le interesa mantener una buena reputación en los mercados de deuda, incluso a costa de generar problemas en el crecimiento de la economía.
El hecho de que México haya sido de los países que menos recursos fiscales haya desembolsado para apoyar al sector productivo durante la pandemia deja ver que, aun a costa del crecimiento, la administración de López Obrador mantiene finanzas públicas razonablemente equilibradas.
El otro ingrediente que hace pensar que la estabilidad puede mantenerse es el papel del Banco de México.
Con las minutas de la más reciente reunión de política monetaria, que se dieron a conocer la semana pasada, queda de manifiesto que el Banco Central continuará con una política agresiva de tasas de interés en caso de que la inflación no ceda.
Por esa razón, la mayor parte de los expertos considera que en la decisión de política monetaria que habrá de tomarse el próximo 11 de agosto, lo más probable es que se tenga nuevamente un incremento de tres cuartos de punto porcentual y la tasa de referencia se ubique entonces en 8.5 por ciento.
No quiere decir lo anterior que no haya riesgo de una crisis financiera o que no se tenga ninguna probabilidad de experimentar problemas fiscales.
Sin embargo, me parece que aún estamos lejos de una circunstancia crítica.
Quizás el mayor de los riesgos que hoy tiene la economía mexicana tiene que ver más bien con los efectos que podría traer consigo una recesión en Estados Unidos, ya que el motor principal del crecimiento en los últimos meses claramente han sido las exportaciones.
Los mercados tendrán la última palabra, pero de la misma forma que la mejoría en la perspectiva que hizo S&P en poco influyó en el tipo de cambio o en las tasas, la baja de la nota por parte de Moody’s, me parece que tampoco repercutirá en el comportamiento de los mercados financieros.
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