El día de ayer dieron inicio las consultas respecto a posibles violaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) por la política energética de México.
¿Qué podemos esperar de este proceso?
A partir de ahora correrán 45 días aproximadamente, que es el plazo máximo en el que habrán de realizarse estos intercambios entre las dos partes.
El día de ayer, de modo virtual, por parte de México encabezó la conversación la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, mientras que de parte de Estados Unidos encabezó el grupo Jayme White, representante adjunto de la Oficina Comercial de Estados Unidos.
¿Qué es lo que sucede en estas consultas que se realizan de manera privada?
Los funcionarios mexicanos intentarán dar respuesta a los tópicos que el gobierno norteamericano considera que son violatorios de los acuerdos del TMEC.
De acuerdo a la enumeración hecha por la Oficina Comercial de EU, uno de los temas es la propia Ley de la Industria Eléctrica, que consideran violatoria del artículo 2.3 del tratado, que establece el llamado “trato nacional”. EU considera que los privilegios en el despacho eléctrico para CFE son discriminatorios de las empresas de EU y por lo tanto violatorios de ese artículo del tratado.
También habría violaciones al capítulo 14 sobre inversión y al 22 relativo a empresas propiedad del Estado.
Los funcionarios mexicanos intentarán convencer a su contraparte estadounidense de que no hay violación a los términos del acuerdo. Esa será su tarea.
Otros aspectos a considerar tienen que ver con negativas, retrasos y revocación de permisos a empresas norteamericanas establecidas en México.
En este caso no se trata de una legislación sino de disposiciones de carácter administrativo.
Aquí caben dos posibilidades. Una de ellas es que el gobierno mexicano acepte que sí hubo violaciones al acuerdo y esté de acuerdo en modificar dichas disposiciones, como por ejemplo, al agilizar los permisos en múltiples aspectos de los hidrocarburos.
Uno más de los asuntos tiene que ver con el plazo adicional que se ofreció a Pemex para vender diésel con bajo contenido de azufre y dicha extensión de plazo no se dio a las empresas norteamericanas.
Hay que considerar también la obligación del uso de la red de gasoductos de Pemex y CFE. Se condicionó que para rentar parte de esa red habría que haber comprado el gas a Pemex o a la CFE.
Sólo el primer asunto referido, el relativo a la Ley de la Industria Eléctrica, implicaría modificaciones legislativas para satisfacer los reclamos del gobierno de Estados Unidos.
Los demás temas se pueden resolver con disposiciones reglamentarias o simples decretos.
Quienes pensamos que el escenario más probable es que se llegue a constituir el panel para resolver esta controversia partimos de la base de que los reclamos de las empresas estadounidenses no son algo nuevo, sino que se fueron conociendo en el curso de, por lo menos, el último año y medio.
En particular en los últimos meses, hay que señalar que fueron presentados en las visitas de diversos funcionarios del gobierno norteamericano, destacadamente John Kerry, enviado de Biden respecto al Clima, y la vicepresidenta Kamala Harris. No trajeron estos asuntos funcionarios menores.
Sería sorpresivo que las autoridades mexicanas aceptaran que es necesario hacer estos cambios, pues implicaría el reconocimiento de que las medidas tomadas fueron violatorias del tratado, lo que repetidamente se ha negado, esgrimiendo el capítulo 8 que señala el derecho de nuestro país a modificar sus leyes y su Constitución.
Sin embargo, como cualquier abogado que conozca de tratados internacionales entenderá, un capítulo no es suficiente para redefinir la integridad del documento, que fue, por cierto, ratificado por el Senado mexicano controlado por Morena.
Ojalá nos equivoquemos y en el curso de las pláticas que arrancaron ayer y se llevarán a cabo durante septiembre y parte de octubre, se encuentre una solución que no requiera la instalación del panel.
Si éste se instala, creo que lo vamos a perder y habrá serias consecuencias.