El año pasado, por primera vez en la historia, el monto de recursos desembolsado en pensiones y jubilaciones por el gobierno federal rebasó el billón de pesos. Fue exactamente de 1 billón 48 mil 371 millones de pesos.
Si el ritmo de crecimiento que se registró hasta el mes de julio se mantiene en la segunda mitad, terminaremos este año con una erogación del orden de 1 billón 180 mil millones.
El ritmo de crecimiento promedio del último lustro fue de 5.1 por ciento en términos reales. Considerando que ese ritmo se mantuviera (no es difícil que crezca), podríamos llegar a un monto de 1 billón 350 mil millones de pesos constantes en 2026, un incremento superior a 300 mil millones en cinco años.
Si hubiera una inflación promedio anual de 4 por ciento en ese lapso (ojalá), el incremento en términos nominales de la erogación por este concepto sería del orden de medio billón de pesos.
Hasta ahora, el gobierno de López Obrador tomó la decisión de acomodar las finanzas públicas para no incurrir en déficit más elevado en términos de su proporción frente al PIB sin poner en práctica una reforma fiscal que eleve las tasas.
Sin embargo, para la próxima administración, esta circunstancia se ve virtualmente imposible.
Si no se quiere incurrir en una crisis fiscal por la presión que el pago de pensiones y jubilaciones ejerce, será prácticamente inevitable incrementar las tasas impositivas.
El trabajo hecho por el SAT en la primera mitad de esta administración permitió que los impuestos fundamentales, el ISR y el IVA, no se derrumbaran a pesar de los malos resultados en materia de actividad económica.
Pero las ganancias de ingresos por eficiencia recaudatoria no pueden ser eternos. Si no hay incrementos en tasas, inevitablemente habrá un mayor déficit fiscal.
En el caso de las pensiones, se requiere una reforma que está más que diagnosticada, pues tiene que ver con los cambios en la estructura demográfica.
México no es el único país en el que dicho cambio se ha presentado, así que hay múltiples experiencias internacionales.
Lo primero que habría que ajustar es la edad de retiro.
Así como se hizo en el caso del ISSSTE o se había hecho en el caso de CFE antes de esta administración.
No hay sistema de contribución que resista el incremento de la esperanza de vida que hemos tenido, lamentablemente combinado con una mala salud promedio de la población que conduce a que los años adicionales de vida incurra en gastos médicos crecientes.
Y por otro lado, está el tema de la baja contribución, que conducirá a que los retirados bajo el sistema de las Afore en los próximos años reciban un monto que va a ser completamente insuficiente para cubrir sus necesidades.
Hay una reforma en proceso en el caso de las Afore y eso es algo positivo hecho por este gobierno, pero aun esa será insuficiente, pues la transición a la contribución patronal, que subirá de 5.15 por ciento a 13.87 por ciento del salario base, concluirá hasta el año 2030.
Es muy positivo para el largo plazo, pero las presiones derivadas de las necesidades inmediatas no serán resueltas.
Una administración, como la de AMLO, que incluso ha echado para atrás algunas reformas pensionarias públicas, como en el caso de la CFE, difícilmente podría hacer los cambios que se requieren en el tiempo que le resta.
Será una bomba de tiempo para la siguiente administración.
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