Desde que comenzó esta administración hubo una expresión presidencial que resultó en un equívoco.
El presidente López Obrador señaló en varias ocasiones que durante su mandato no habría más deuda pública y eso fue interpretado como el hecho de que no habría contratación de deuda pública adicional.
Obviamente, sí ha habido más deuda desde 2019 y habrá más aún en 2023.
Los dichos del presidente de la República probablemente apuntaban a que la política fiscal trataría de preservar los parámetros de deuda pública/PIB en los menores niveles posibles y no por arriba de los de 2018.
Eso solo se logró en 2019. A partir de 2020, por efecto de la pandemia y de la crisis económica que se desató, ese parámetro también subió.
Veamos algunas cifras.
En el año 2018, el último de la administración de Peña, la proporción en el PIB del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que es la definición más amplia de deuda pública, alcanzó 44.9 por ciento.
Esta cifra bajó ligeramente en 2019 para ubicarse en 44.5 por ciento, pero en 2020 se disparó hasta 52.4 por ciento, sobre todo por el desplome de la economía.
En 2021 volvió a bajar a 49.9 por ciento y se estima que este año cierre todavía un punto por abajo, en 48.9 por ciento. La cifra estará aún por arriba de la de 2018, pero ya no tiene una tendencia alcista.
El Presupuesto para 2023 la ubica el próximo año en 49.4 por ciento si se cumplen todos sus supuestos.
Quizás el más polémico es el estimado de crecimiento del PIB de 2.4 por ciento para este año y de 3.0 por ciento el próximo.
Si el crecimiento fuera el que estima el consenso, de 1.9 por ciento en 2022 y 1.4 por ciento en 2023, aun suponiendo que el déficit previsto no cambiara, simplemente por el hecho de que la base de comparación sería menor, la proporción crecería a 50.4 por ciento.
Algunos consideran que hay una subestimación en la estimación del déficit, pues no toma en cuenta la reducción del saldo de los fondos y fideicomisos.
Al mes de junio de este año, el saldo de este concepto, según Hacienda, es de 468 mil millones de pesos. Al cierre del 2018 era de 878 mil millones, por lo que hubo una reducción de 410 mil millones de pesos, que es equivalente a 1.4 puntos del PIB estimado para este año.
Si no se hubieran usado esos recursos, la proporción de la deuda sobre PIB, se podría estimar en 50.6 por ciento para el siguiente año, o en 51.8 por ciento si el crecimiento es el que anticipa el consenso de los analistas.
La cifra sigue siendo relativamente moderada si se compara con las proporciones que hay en otros países y no pareciera poner en riesgo el grado de inversión de la deuda soberana de México.
Sin embargo, si las calificadoras percibieran que hay una espiral de endeudamiento necesaria para capitalizar a Pemex, para fondear los proyectos de infraestructura y para dar recursos a los programas sociales, y no hay un horizonte de crecimiento económico, entonces podrían cambiar de opinión.
En este momento no es el escenario más probable. La permanencia del grado de inversión para México parece, por lo pronto, asegurada.
A pesar de los múltiples problemas que tiene la economía mexicana, la fortuna de que pueda ser una de las principales beneficiarias del proceso de nearshoring, pareciera ser un factor que puede poner un piso a la inversión productiva y lograr que el crecimiento no se venga al piso.
Obviamente, si la inversión privada nacional estuviera creciendo por existir confianza y certidumbre, el horizonte frente a nosotros sería mucho más prometedor.
Pero aun con esos ingredientes, el efecto positivo de la atracción de la inversión foránea y la resistencia a caer por parte del consumo pueden dar un piso al crecimiento en medio de un entorno complicado.
Quizás el único gran riesgo es que entre 2023 y 2024 se percibiera el riesgo de una crisis política que podría tener implicaciones serias. Esperemos eludirla.