La próxima semana podría ser crítica para el futuro político del país.
De acuerdo con los calendarios que se fijaron en el Senado, a partir del próximo martes se empezará a discutir en Comisiones la minuta de la reforma electoral que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados.
Dicha aprobación, representa uno de los actos legislativos más vergonzosos de los últimos años pues la iniciativa, que incluye cambios en más de 450 artículos en 5 leyes y la expedición de una nueva ley, no se discutió en comisiones y se repartió a los legisladores en fotocopias apenas minutos antes de fuera aprobada por Morena y sus partidos aliados.
Cuando la minuta llegó al Senado de la República, el pasado jueves, el gobierno pretendía que se procediera de la misma manera. Pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, frenó ese afán de apresuramiento.
Se estableció un plazo de 5 días para que los legisladores estudiaran la propuesta y se empezara a discutir en comisiones el próximo martes.
Antes de comenzar el trabajo formal, se detectaron en las iniciativas diversas inconstitucionalidades, por lo que aún si la mayoría morenista aprobara este paquete, debería ser regresado a la Cámara de Diputados para ser votado nuevamente.
Hay fuerte presión por parte de la Presidencia de la República para que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso, esta propuesta quede aprobada.
Así que, seguramente se va a buscar que la Cámara de Senadores regrese las modificaciones propuestas a más tardar el miércoles 14 para que los diputados la voten nuevamente el 15 de diciembre, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones.
El tema de fondo en toda esta discusión tiene que ver con la relación entre el Poder Ejecutivo y la autoridad electoral.
El presidente López Obrador no quiere que en las elecciones federales del 2024 se cuente con un Instituto Nacional Electoral fuerte y acreditado. El deseo presidencial es que la autoridad electoral esté mermada en facultades y en recursos, lo que resultaría de los cambios propuestos.
Un INE acreditado, independiente y con recursos y atribuciones, seguramente podría ser un obstáculo para cargar los dados en la contienda electoral y asegurar el triunfo de Morena.
Pero no se repara en que esa autoridad electoral debilitada puede ser incapaz de manejar un escenario de crisis en la que, por ejemplo, Morena gane por un pequeño margen en medio de acusaciones de fraude de la oposición.
Un cambio en las leyes y en las autoridades electorales que no tenga consenso entre los partidos podría ser la semilla de una crisis política, como no la hemos vivido en México desde 1988 o 1994.
En 1988 por la falta de reconocimiento de la oposición del triunfo priista y en 1994 por la violencia política que se desató en aquel año que acabó causando también una crisis financiera.
En 2006, a pesar de que AMLO y sus partidarios no reconocieron el triunfo de Felipe Calderón, la existencia de autoridades electorales robustas y acreditadas impidió otra crisis política en gran escala en el país.
Los riesgos que corremos si el Senado aprueba la reforma enviada son muy altos.
Ojalá incluso entre los senadores morenistas prive la sensatez.