No existe ninguna posibilidad de que la nueva administración que llegará al gobierno el 1 de octubre del próximo año deje sin cambio la política respecto a Pemex.
No se trata de visiones ideológicas, es un asunto de sumas y restas.
Probablemente, al finalizar la actual administración, el monto de las transferencias directas e indirectas hechas a la empresa petrolera por parte del gobierno federal, asciendan a 1.5 o 1.6 billones de pesos.
El último reporte de producción petrolera de Pemex correspondiente al mes de octubre indicó que la producción de petróleo (sin condensados) fue de 1 millón 574 mil barriles diarios en promedio para el mes de octubre.
Esta cifra es inferior en 239 mil barriles respecto al promedio del 2018, es decir, hay una caída de 13.2 por ciento.
Peor aún, las pérdidas acumuladas por la petrolera desde 2019 hasta el tercer trimestre de este año ascienden a 955 mil millones de pesos.
Es cierto que, en los últimos años, los resultados han mejorado, pero el acumulado es un desastre.
Las finanzas del gobierno federal ya no aguantan la carga que han representado las transferencias continuas a favor de Pemex, y de persistir en los primeros años de la próxima administración se llegaría a una situación en la que se pondrían en riesgo las finanzas del propio gobierno federal.
Es obvio que el modelo de negocio que hoy tiene Pemex es el de una empresa perdedora.
Incluso si la orientación de la próxima administración fuera el fortalecimiento de la petrolera estatal, tendrían que hacerse cambios profundos.
Debido a que la mayor parte de las pérdidas provienen de Pemex Transformación Industrial (PTI), se tendría que hacer una revisión meticulosa de todas las refinerías y quizás “apagar”, al menos parcialmente, algunas.
Debería modificarse la estrategia orientada a buscar la autosuficiencia en las gasolinas y considerar la ventaja económica de importar una parte significativa del consumo doméstico.
Y para conseguir una condición que permita a Pemex tener más ventajas, debería concentrarse en la exploración y producción en aguas someras del Golfo de México.
Obviamente, sería más que conveniente regresar a la realización de nuevas rondas petroleras para que fueran las empresas privadas las que tomaran el riesgo de la exploración.
Como ha sucedido con casi todas las grandes petroleras del mundo, Pemex debería evolucionar de ser una empresa productora de petróleo a otra generadora de energía limpia.
Tal vez con un conjunto de medidas en esa dirección, más una importante reestructuración de sus pasivos para poder pagar a los proveedores y tener un perfil de vencimientos de su deuda externa más favorable, se podría darle la vuelta a la condición de la empresa… aunque aun así va a costar trabajo.
La política petrolera instrumentada por el actual gobierno sin duda reflejó la visión del presidente López Obrador, originario de un estado petrolero y que hizo sus primeras apariciones relevantes en la política con bloqueos en pozos petroleros.
Cualquiera de las dos candidatas presidenciales tiene otra visión.
Incluso, Claudia Sheinbaum tiene otra perspectiva y un mayor entendimiento de la relevancia de las energías renovables para el futuro.
Veremos si en el transcurso de la campaña da señales respecto a la nueva dirección que deberá adoptar la política mexicana en materia de hidrocarburos.