Ninguna de las candidatas a la presidencia de la República lo pondrá en sus propuestas o proyectos, pero será algo que va a debatirse intensamente: la reforma fiscal.
No se ganan elecciones proponiendo elevar impuestos, sea a través del incremento de las tasas o aumentando la base gravable mediante la reducción de deducibles, o a través de la ampliación del número de contribuyentes.
Por eso se va a evitar hablar de la reforma fiscal… como si fuera una palabra maldita.
Pero, en los equipos económicos de las dos principales aspirantes presidenciales saben que no hay de otra.
¿Por qué razón?
Porque la presión que vendrá por los gastos derivados de los programas sociales o el mero gasto contractual del gobierno será tal que no habrá manera de hacerle frente sin cambios fiscales profundos.
Aunque el 2023 fue excepcional en materia de crecimiento de los ingresos tributarios, con un 10.9 por ciento de aumento en términos reales hasta noviembre, el saldo de los primeros cinco años del sexenio es pobre, con un alza de 2.4 por ciento anual promedio en términos reales, a pesar de la mayor presión de la autoridad fiscal sobre los contribuyentes.
En contraste, uno de los gastos contractuales más importantes, el de pensiones y jubilaciones, creció en el mismo lapso a un ritmo medio de 5.1 por ciento.
Para 2024 se estima en 1.5 billones de pesos.
Si el crecimiento se mantiene a esa misma tasa, habrá aumentado a 2 billones a precios constantes para el 2030, es decir, se requerirá aportar 500 mil millones de pesos más.
El gasto en ‘protección social’, cuyo componente más importante es la pensión para los adultos mayores, creció en lo que va del sexenio a un ritmo anual de 26 por ciento real.
En el Presupuesto de 2024 hay asignaciones para este rubro por alrededor de 500 mil millones de pesos.
Si se mantuviera ese ritmo de crecimiento en el próximo sexenio, ese monto habría que triplicarlo y para el 2030 se tendría que erogar 1 billón de pesos más.
En estas cuentas no estoy considerando las aportaciones a Pemex. Si se mantuviera la política de transferirle recursos, el argumento respecto a la necesidad de una reforma fiscal se fortalece aún más.
Tampoco los recursos para subsidiar las megaobras como el Tren Maya o el AIFA.
De acuerdo con las estimaciones de la SHCP, aun con la mayor eficiencia en la administración tributaria, el aumento sexenal de la recaudación hasta finales del año pasado fue equivalente al 1.2 por ciento del PIB.
Ese monto ni remotamente alcanza para satisfacer las necesidades adicionales de recursos que habrá en los siguientes años.
Aun sin contar las transferencias a Pemex u otros subsidios, para cubrir los rubros mencionados arriba, sería necesario captar algo así como 4 puntos adicionales del PIB.
La discusión no será si hace falta o no una reforma fiscal, sino la naturaleza que tendrá ésta.
¿En qué medida se pueden sumar ingresos locales a la recaudación? ¿Qué márgenes existen para incrementar las tasas en impuestos tradicionales como el ISR y el IVA sin propiciar un mayor crecimiento de la economía informal? ¿Qué agujeros en la recaudación son los que podrían taparse de manera más eficaz?
Las respuestas a estas interrogantes no serán parte de las propuestas de campaña de ninguna de las candidatas, pero tenga usted la certeza de que sí estarán presentes en los análisis que hagan sus equipos.
La palabra maldita estará presente en todos lados, aunque nadie la pronuncie.