Hasta ahora, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no se ha convertido en uno de los enemigos de la ‘cuarta transformación’.
No sé si esta condición pueda mantenerse a partir del estudio que fue presentado el día de ayer por parte de esta organización.
Estas evaluaciones ni siquiera son consideradas por la parte más dura de los funcionarios cercanos a la Presidencia. Simplemente las ignoran.
La OCDE establece que México debe elevar sus ingresos tributarios.
En el estudio presentado aparece de manera muy clara cómo el conjunto de países que forman parte de esta organización tienen un nivel de captación de impuestos relativo al tamaño de su economía mucho mayor que el que tiene nuestro país.
Por ejemplo, mientras que Francia e Italia captan recursos equiparables a más del 40 por ciento del PIB, México está por abajo del 20 por ciento.
Sin embargo, el tema impositivo no es el único que aborda el reporte de la OCDE.
Otro de los asuntos que puede ser muy sensible para esta administración es el relativo a la corrupción.
A casi seis años de que llegara al poder Morena, la OCDE considera que la percepción de corrupción sigue siendo alta.
Hay que señalar que en el reporte, se dice que México ha estado realizando esfuerzos para combatir la corrupción, incluso mediante la puesta en marcha de un sistema nacional anticorrupción —que prácticamente se va a cancelar— y señala que además el fortalecimiento de los organismos encargados del asunto a nivel estatal, sigue siendo una prioridad.
Como quien dice, más allá de las declaraciones y la pirotecnia verbal, nada real se ha hecho para combatir la corrupción.
Dice la OCDE que aumentar la proporción de adquisiciones públicas, realizadas digitalmente y limitar las adjudicaciones directas de contratos podría ayudar a reducir las oportunidades de corrupción.
En un gobierno en el que los esquemas opacos han sido la regla, a ver qué funcionario público acepta estas mediciones.
Este tema es relevante, porque una de las banderas de este gobierno fue precisamente el combate a la corrupción que, de acuerdo a las percepciones referidas, persiste cotidianamente en diferentes niveles del sector público.
Otra de las recomendaciones importantes del organismo fue aprovechar al máximo el llamado nearshoring, que requiere una transición hacia las energías renovables.
Dice el reporte que con la actividad manufacturera global, buscando cada vez más descarbonizar sus procesos de producción, los abundantes recursos de energía renovable de México podrían ser una ventaja competitiva sustancial.
Sin embargo, la proporción de electricidad generada a partir de fuentes renovables sigue siendo muy baja.
Y si prosperara la iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la CFE, sería aún más baja.
La generación privada de energía renovable, que no está prohibida, se ha visto afectada por una elevada incertidumbre regulatoria.
También es altamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima. Por lo que se requiere una estrategia para mitigar impactos tanto en el sector público como en el privado.
La OCDE habla claramente del hecho de que la ley de la industria eléctrica, que cambió las prioridades de despacho y desplazó a las energías renovables, se convirtió en un factor relevante para impedir que hubiese una participación mayor del sector privado en esta materia.
Hay muchas más materias en el Reporte sobre México que ayer dio a conocer la OCDE.
Revisaremos algunas en los siguientes días.