¿Es preocupante o no es preocupante el nivel que tiene la deuda pública en México?
Esta pregunta genera desde hace meses amplias discusiones en círculos de políticos, economistas y empresarios.
Hay algunos que consideran que el nivel que tiene esa deuda, de 15.14 billones de pesos al mes de enero (de acuerdo con su definición más amplia, de Requerimientos Financieros del Sector Público), es demasiado elevado y puede generar una crisis en los siguientes meses.
Hay otros que señalan que no hay nada de qué preocuparse, ya que el nivel que tiene ese pasivo respecto al tamaño de la economía (se encuentra por abajo del 50 por ciento) da un amplio margen de maniobra al gobierno, que podría incluso endeudarse más sin generar alarma.
Creo que, como en muchas ocasiones, la realidad está en un término medio, en el que sí existen motivos de preocupación, pero no de alarma; sobre todo por las perspectivas de esa deuda para el mediano plazo.
Empecemos con algunos datos específicos.
En noviembre de 2018, de acuerdo con datos oficiales, el saldo de la deuda pública era de 10 billones 480 mil millones de pesos.
Esto quiere decir que la deuda ha crecido hasta ahora en 4 billones 660 mil millones de pesos en esta administración.
En términos de su peso en la economía, medido como proporción respecto al PIB, el porcentaje en 2018 era de 43.6 por ciento y pasó a un estimado de 46.5 por ciento el año pasado.
Hasta ahora, hay un crecimiento de 2.9 puntos del PIB en este lapso de poco más de cinco años.
No es poco. Pero si tomamos en cuenta que hubo una pandemia en ese lapso y que la economía se derrumbó en el 2020, su crecimiento fue relativamente moderado respecto a lo que se presentó en la mayoría de los países.
El promedio de deuda/PIB en América Latina es de 70 por ciento. Y si bien hay algunos países como Chile, Uruguay o Perú, que tienen proporciones más bajas que la de México, la mayoría de las principales economías de la región tienen una carga mayor.
Por esa razón, aun cuando este año el déficit vaya a crecer y llegue eventualmente al 5.4 por ciento del PIB, no han sonado las alarmas entre las agencias calificadoras.
Pero, prácticamente todas ellas han prendido luces amarillas para el mediano plazo.
La razón es que, aunque la versión oficial es que, a partir de 2025 vendrá un proceso de consolidación que volverá a ubicar el déficit por debajo del 3 por ciento del PIB en los siguientes años, hay presiones de gasto que no se van a ir, lo que genera dudas de que este objetivo se vaya a cumplir.
Le cito solo algunas.
Los pagos de pensiones a las que el gobierno está comprometido, tanto las de carácter contributivo como las del programa para adultos mayores son una de las fuentes de presión más importantes. Para este año se estiman ambas, en alrededor de 2 billones de pesos, y van creciendo fuertemente hacia adelante por razones demográficas.
En enero de este año, solo como indicio de cómo están las cosas, el pago de pensiones y jubilaciones ascendió a 136 mil millones de pesos, creció en 6 por ciento en términos reales y fue superior en 6 mil millones de pesos a todo lo erogado en sueldos y salarios en el sector público.
Otra fuente de presiones son las transferencias a Pemex. Si el modelo de negocio de Pemex no cambia sensiblemente y se mantienen los subsidios a la petrolera, que en esta administración quizás lleguen a 1.5 billones de pesos, habrá fuertes presiones sobre las finanzas públicas.
Agregue usted el hecho de que el costo financiero de la deuda va a mantenerse alto por un cierto tiempo, ya que, aunque bajen las tasas de interés levemente a nivel global, sus niveles estarán lejos de los que tuvimos hace pocos años.
Los datos revelados el viernes pasado señalan que, debido a la caída de los ingresos petroleros, el déficit público (en su definición amplia) casi llegó a 150 mil millones de pesos.
Los inversionistas, analistas y las agencias calificadoras van a estar observando con más cuidado que nunca y mes con mes la evolución de las finanzas públicas, para poder calibrar sus diagnósticos y sus decisiones.