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Claudia, tenemos un problema

El gobierno de los Estados Unidos, por la vía de su representante en México, el embajador Ken Salazar, expresó su preocupación por la reforma judicial.

El día de ayer, la preocupación respecto a los efectos que puede tener la reforma judicial tuvo un punto de inflexión.

El tema ha escalado a una dimensión internacional.

El gobierno de los Estados Unidos, por la vía de su representante en México, el embajador Ken Salazar, expresó su preocupación por la reforma judicial.

Dijo lo siguiente:

“Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”.

Por si fuera poco, este comunicado agrega más abajo:

“Comprendemos la lucha de México en contra de la corrupción judicial. Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años”.

Aunque Ken Salazar expresa sus puntos de vista en primera persona, sería una ingenuidad imaginar que esta no es la posición del gobierno de los Estados Unidos.

Ayer, tras las expresiones de diversas instituciones financieras norteamericanas manifestando su preocupación por la reforma judicial, el presidente López Obrador las descalificó, caracterizándolas como ‘politiquería’.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya dijo que estaban mal informados.

A la postura de Estados Unidos, ayer se sumó también la posición de Canadá. En una reunión con empresas canadienses, el embajador expresó que las empresas de su país están preocupadas por la reforma judicial.

Y luego, se agregó el comunicado del Consejo de Empresas Globales, que agrupa a las principales empresas extranjeras establecidas en México, provenientes de todo el mundo lo siguiente:

“… Nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de derecho y la administración de justicia en México. La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano, minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el TMEC, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”.

Hay que recordar que, previamente, se expresaron las posiciones, en el mismo sentido, del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios.

No se trata ya de una elucubración de algún analista de una institución financiera o de una calificadora.

Se trata de la posición oficial de nuestro principal socio comercial, así como de empresas de todo el mundo además de las nacionales.

No tengo la menor duda que esta mañana, el presidente López Obrador va a descalificar estas apreciaciones.

No sé si dirá que es intervencionismo, politiquería o cinismo. Es lo de menos el calificativo que use.

A él no le preocupa la percepción de México ante los inversionistas. Le preocupa que su capricho, perdón, propuesta de reforma judicial, prospere.

Si le crea problemas al nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, ya los resolverá. Hay prioridades.

Pero para la presidenta electa y para funcionarios como su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; su secretario de Economía, Marcelo Ebrard; o su canciller, Juan Ramón de la Fuente, es un grave problema.

Un dólar de 19.49 pesos, como el que había ayer por la noche, es el primero de los síntomas. Y es apenas el principio.

La duda que muchos tenemos es la siguiente: ¿dejará la presidenta electa que el problema escale y se prepare el terreno para una posible crisis financiera o al menos una retracción severa de la inversión en aras de dar gusto a una propuesta que tuvo que asumir cuando ya era candidata?

¿O tendrá algún margen de maniobra para desactivar una potencial crisis, usando la autoridad que le dan 35 millones de votos que le dieron a ella y no al presidente saliente, aunque él se los arrogue?

Lo veremos pronto.

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