Durante tres días, del 3 al 5 de diciembre, en una sala amplia pero sobria de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, se desarrolló uno de los primeros capítulos formales rumbo a la revisión del T-MEC de 2026. Las audiencias convocadas por la Oficina del Representante Comercial (USTR) iniciaron con puntualidad, a las 9:30 de la mañana del miércoles 3 de de diciembre, con frío intenso afuera, y un ambiente adentro donde cada sector llegaba dispuesto a dejar claro qué quiere —y qué teme— del acuerdo comercial más relevante de Norteamérica.
El acto comenzó con algo con el antecedente de haber recibido más de 1,500 comentarios escritos en meses previos y 175 solicitudes de testimonio oral. No era un trámite técnico; era, más bien, el desahogo de tres economías que, tras cinco años del tratado, buscan reformular, proteger o presionar según sus intereses.
El desfile de voces fue revelador. Los agricultores estadounidenses, especialmente los productores de frutas y hortalizas frescas, insistieron en que las importaciones mexicanas están desplazando a productores locales. Sus testimonios fueron los más emotivos, algunos advirtiendo que “otra temporada como la de este año” podría cerrar operaciones familiares. En contraste, los gigantes de granos y oleaginosas defendieron con ahínco el T-MEC: sin él, dijeron, la estabilidad exportadora simplemente no existe.
Del lado industrial, las manufacturas, autopartes, metalurgia y textiles recordaron que el tratado es una especie de cimiento regional. Pero también pidieron ajustes: claridad regulatoria, revisión de reglas de origen en automotriz frente a la transición eléctrica y una supervisión más estricta para evitar que Norteamérica se convierta en “puerto de entrada indirecto de China”. Ese concepto, repetido varias veces, marcó una de las frases clave de las audiencias.
Otro bloque muy activo fue el de tecnología, estándares y comercio digital. El tono fue distinto: menos drama agrícola y más preocupación por la obsolescencia normativa. Argumentaron que el T-MEC necesita actualizarse para reflejar realidades como la inteligencia artificial, la geolocalización de datos o la seguridad cibernética en cadenas de suministro.
No faltaron las intervenciones de sindicatos, académicos, organizaciones civiles e incluso representantes de pueblos indígenas. Todos bajo un mismo mensaje: el tratado tiene consecuencias más amplias que las aduanas y los aranceles.
Pero quizás lo más relevante de estas audiencias no fue lo que dijeron los participantes, sino lo que insinuaron los funcionarios de USTR. Jamieson Greer, el representante comercial, reiteró que el periodo de revisión del T-MEC no es ceremonial. La ley permite modificarlo, renegociarlo e incluso, en el extremo, salir del tratado.
Más aún: planteó la posibilidad —impensable hace unos meses— de desdoblar el T-MEC en acuerdos bilaterales separados con México y Canadá. No fue una amenaza explícita, pero tampoco un desliz. Fue una señal.
¿Qué significan estas audiencias para México?
Primero, que el examen del T-MEC ya empezó, y no será menor. La presión agrícola puede convertirse en demandas concretas de salvaguardas o nuevos mecanismos de supervisión. La presión industrial, en ajustes a reglas de origen o a controles frente al desvío comercial asiático. Y la presión tecnológica, en la inclusión de capítulos completamente nuevos.
Segundo, que México ya está siendo observado en temas sensibles: cumplimiento regulatorio, certidumbre para la inversión, prácticas fiscales y tratamiento a empresas estadounidenses. Varios testimonios mencionaron “ambiente de incertidumbre” y “prácticas administrativas abusivas”, referencias que no pasarán desapercibidas en el Congreso estadounidense.
Lo que viene ahora
Aquí es donde las audiencias dejan de ser un ejercicio testimonial y se convierten en un proceso con consecuencias:
1. USTR integrará en las próximas semanas un reporte preliminar que sintetice estos testimonios y los comentarios escritos. Será la base política para definir la postura estadounidense en la revisión.
2. Entre enero y marzo, el Ejecutivo estadounidense tendrá que enviar al Congreso una evaluación formal del funcionamiento del T-MEC, como exige la legislación.
3. A partir de ahí, comenzará la fase de consultas formales entre EE. UU., México y Canadá, en la que cada país deberá presentar su propia valoración del acuerdo y las modificaciones que considere necesarias.
4. Todo esto culminará hacia mediados de 2026, cuando los tres gobiernos deberán decidir si el T-MEC se extiende por 16 años más, si se renegocia o si —en el peor escenario— se abre la puerta a su terminación anticipada en 2036.
La conclusión
Las audiencias de esta semana, que coincidieron en su término con la primera reunión trilateral de la presidenta Sheinbaum, el presidente Trump, y el Primer Ministro Carney, no fueron un formalismo; fueron la primera fotografía clara de las tensiones que darán forma al futuro del T-MEC. México deberá ir preparando su propio expediente: defensivo en agricultura, estratégico en manufactura, propositivo en temas tecnológicos y, sobre todo, convincente en materia de certidumbre para la inversión.
La revisión del tratado no será un evento, sino un proceso. Y lo que vimos en Washington es apenas el inicio del camino que definirá la arquitectura económica de Norteamérica para la próxima década.