Hace algunas semanas, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, señaló que no era necesaria una reforma fiscal si con las leyes actuales, había 1.2 billones de pesos en créditos fiscales en litigio.
Indicó, en la comunicación institucional que envió la titular del SAT: "pronto los estaremos visitando sin previo aviso en todas sus oficinas y en todos sus lugares de trabajo".
Obviamente, el SAT no tiene la capacidad para visitar a los cuatro millones de contribuyentes diferentes a los asalariados que tributan el ISR o incluso a los dos millones de contribuyentes que reportan pagos de IVA.
Las baterías del SAT se dirigieron claramente al sector de los grandes contribuyentes.
El artículo 28 del Reglamento del SAT define a los grandes contribuyentes como todas las personas morales que tienen ingresos superiores a mil 250 millones de pesos por año, pero también a todo un conjunto adicional como a todas las empresas inscritas en la Bolsa o a los bancos y a las empresas productivas del Estado o todas las personas físicas que tengan partes relacionadas con estos grupos.
La más reciente estadística señala que hay ocho mil 814 personas morales que son grandes contribuyentes y 37 mil 725 personas físicas.
Es muy diferente apuntar las baterías hacia ese grupo que buscar obtener recursos adicionales entre cuatro millones de contribuyentes.
Ayer, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, señaló que la manera de obtener más recursos fiscales en el corto plazo no será a través de cambios en las tasas impositivas, sino a través de una ampliación de la base y de una mayor eficiencia recaudatoria.
Con esta definición, si existía alguna duda de que la tarea de recaudar más va a gravitar sobre el SAT de Raquel Buenrostro, ya no tenga duda.
Las acciones que se hicieron públicas esta semana indican claramente hacia dónde van las cosas.
América Móvil informó que dejó de tributar bajo el régimen opcional de Grupo. Este régimen se definió tras la eliminación de la consolidación fiscal que trajo consigo la reforma fiscal que impulsó Luis Videgaray y que entró en vigor en 2014.
Lo que este régimen permitía es el diferimiento del pago. Es decir, lo que hizo el grupo de Carlos Slim fue no usar el plazo que tenía y anticipó el pago de 8 mil 289 millones de pesos.
No hubo información respecto a si el SAT hizo alguna notificación formal que empujara a tomar esa decisión. Pero, donde sí intervino el recaudador es en los casos de Walmart, Alsea y Maxcom.
En los dos primeros casos, la entidad que encabeza Buenrostro señaló omisiones en el pago de impuestos derivados de la compra que se hizo de los restaurantes de la principal cadena minorista de México y que llevaron a fincar créditos por 10 mil 559 millones de pesos a Walmart y 3 mil 881 millones de pesos de Alsea. Ambas empresas señalaron que habrán de defenderse.
En el caso de Maxcom, consideró que tuvo deducciones injustificadas que habrían llevado a pagar 631 millones de pesos, asunto que también habrá de litigarse, según señaló la empresa.
Como ve usted no hay una causa única por la que el SAT esté demandando estos cobros y la institución habrá de estar haciendo revisiones permanentes, por lo pronto en donde perciba que puede haber mejores resultados recaudatorios.
Si usted es abogado fiscalista y no tiene trabajo en este momento, apúntese en el SAT pues la recuperación de recursos no necesariamente va a darse en el cobro directo de impuestos, sino en los tribunales, para lo que esta entidad pública deberá reforzar su equipo legal en las siguientes semanas y meses.