El llamado a la IP en el sector energético
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El llamado a la IP en el sector energético

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El llamado a la IP en el sector energético

19/09/2019

Tal vez algunos no esperaban que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, hiciera un llamado al sector privado a que participara en el sector energético.

Por mucho tiempo se creó la imagen de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que quería era echar para atrás la reforma energética y dejar la exclusividad de la provisión de hidrocarburos y electricidad a las empresas del Estado: Pemex y CFE.

Hoy, por lo menos en términos de exposición y argumentos, se ve que no es así.

Desde hace algunos meses se estableció, por ejemplo, que en la provisión de energía eléctrica el objetivo del gobierno era mantener la estructura vigente, en la cual la CFE mantendría el 54 por ciento mientras que los productores privados cubrirían el restante 46 por ciento.

En un país como México la demanda de energía eléctrica crece año con año de manera importante, así que simplemente para mantener esa proporción se requiere que el sector privado haga inversiones.

Adicionalmente, existe el compromiso, fijado en la ley, de alcanzar un 35 por ciento de generación eléctrica con energías limpias, a las cuales le está apostando precisamente el sector privado.

De hecho, en el foro organizado por El Financiero y Siemens, se explicó claramente que en algún sentido se pensaba que la CFE destinara sus recursos de inversión prioritariamente a la distribución.

La secretaria explicó que la suspensión de la cuarta subasta eléctrica obedecía en alguna medida a los problemas de distribución que habrían de acentuarse con el desarrollo de mayor capacidad de generación, y no a razones ideológicas.

Igualmente, el propio presidente López Obrador ha explicado en diversas ocasiones que no se han cancelado las rondas petroleras, sino que se está a la espera de verificar que se cumplan los compromisos de inversión y se logren aumentar la producción y reservas.

Si se contrasta lo que ha pasado en materia de energía con lo que está ocurriendo en el ámbito educativo puede observarse un tratamiento muy diferente a dos reformas realizadas en la administración anterior.

Mientras que en el caso educativo ya se realizó una reforma constitucional y está en proceso la aprobación de leyes secundarias para operativizar la nueva reforma, en materia energética no se ha realizado ningún cambio legal significativo.

Es decir, en lo fundamental permanecen las mismas reglas del juego que estaban vigentes al final de la administración anterior, con algunos cambios de personas y políticas, sin duda, pero sin un nuevo marco legal.

Bajo esta lógica y en el contexto de las restricciones fiscales que existen actualmente en el país, no será nada extraño que el plazo de algunos meses o quizás de un año, tengan que cambiar las políticas específicas en materia energética, para facilitar la llegada de capital privado, sin descuidar a la CFE y Pemex.

López Obrador no ajustará sus políticas como producto de presiones, pero sí lo hará si percibe que es la opción que tiene para lograr metas en materia de energía sin poner en riesgo la estabilidad del país.

Ojalá que el pragmatismo que se percibió en el Foro como el que ayer organizó este diario, pueda instalarse como una visión que permita detonar inversiones en un sector que puede ser clave para el crecimiento del país en el mediano plazo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.