El día de ayer, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que México tiene fortalezas fiscales que atenuarán el impacto de la caída de los precios del petróleo, así como del alza del tipo de cambio.
¿En qué medida realmente las finanzas públicas mexicanas se encuentran blindadas ante los impactos de la turbulencia financiera internacional o en qué grado se trata de un buen deseo?
Como en muchas afirmaciones, Herrera tiene una parte de razón. Más allá de los argumentos que él esgrimió, déjeme darle dos elementos adicionales.
1-El gobierno mexicano compró el año pasado coberturas para las exportaciones de petróleo que, de acuerdo con la información revelada por Hacienda promedian 49 dólares por barril. Desde 2017, el gobierno mexicano dejó de informar respecto al volumen adquirido. La última ocasión que la cifra se dio a conocer, se protegieron 200 millones de barriles. Si esa fuera la cantidad para 2020, se estaría asegurando el 48 por ciento de las exportaciones previstas de crudo. Sin embargo se trata de una mera especulación. En el peor de los casos, en esa hipótesis, el impacto negativo sería solo a la mitad de las exportaciones.
2-El problema de la pérdida en la capacidad de refinación que hemos tenido en los últimos años, se podría convertir en este momento en una ventaja para Pemex y para el gobierno mexicano. En la medida que actualmente importamos aproximadamente el 70 por ciento del consumo de gasolinas automotrices, la caída de los precios del petróleo implicará una ventaja para las compras de combustibles, pues también trajo consigo una reducción de los precios de las gasolinas. Entre el cierre de 2019 y el día de ayer, el petróleo retrocedió 43 por ciento en promedio, mientras que en el mismo lapso, las gasolinas en EU cayeron en promedio 38 por ciento. Solo por referirle una cifra, en enero hubo ingresos por exportaciones de crudo de 2 mil 55 millones de dólares y pagos por importaciones de petrolíferos de 1 mil 658 millones. Es decir, el efecto neto será menor al que aparece a simple vista.
El problema principal vinculado con la turbulencia financiera internacional, a mi parecer, no está en las finanzas públicas sino en el conjunto de la economía.
Las medidas restrictivas que se están imponiendo en diversos lugares para frenar la difusión del Covid-19, están trayendo consigo una fuerte caída de la actividad económica y es muy probable que en el curso de algunas semanas, o a lo sumo de algunos meses, podamos visualizar el riesgo real de una recesión de alcance internacional, de la cual no se escapará México.
Por ello se requieren decisiones.
Por una parte, debe establecerse una política contracíclica que permita amortiguar el efecto de las tendencias recesivas. Todo indica que la Secretaría de Hacienda está trabajando en el diseño de dicha estrategia.
Pero, adicionalmente, se requieren mensajes que alienten a la inversión privada. Así como el año pasado la caída en la inversión del sector privado provino de una pérdida de confianza, debe dársele la vuelta a esta circunstancia si no se quiere un desastre económico.
La oportunidad está en el paquete de proyectos del sector energético. Si logran entusiasmar a los inversionistas, será buena noticia. Si se ven con indiferencia, más nos vale empezar a prepararnos para una circunstancia aún más difícil en los próximos meses.