Puede usted apostar. El tema energético va a ser de los grandes dolores de cabeza que tenga el presidente López Obrador en el sexenio.
Un gobierno que llegó con el margen de respaldo que tuvo López Obrador en las elecciones de 2018 tenía el derecho de establecer su política energética propia… salvo las restricciones que le impusiera la ley.
Aún más, con la presencia de Morena y sus aliados en el Poder Legislativo, tenía la capacidad para modificar las leyes y hacerlas consistentes con los objetivos de su política energética. Incluso, podría haber tomado el riesgo de proponer una modificación de la Constitución para anular la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña.
Pero, decidió no hacerlo.
El sector energético mexicano se ha movido desde hace muchos años en los límites de la legalidad.
En 1992, se realizó una reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que permitió que hubiera generadores privados de energía que debían consumirla o venderla a la CFE.
La crisis financiera de la empresa condujo a este tipo de esquemas que diversos juristas vieron como violatorios del marco constitucional.
En 1999, Ernesto Zedillo propuso una reforma eléctrica para resolver el problema que no logró prosperar porque el PAN no la respaldó por interés político y porque tuvo oposición incluso en el PRI.
Fox quiso ir más allá y a través de modificaciones reglamentarias pretendió dar más espacio a los productores privados de electricidad.
Al final de cuentas, el tema llegó a la Corte, quien planteó que el Ejecutivo debía proponer una reforma constitucional para darle legitimidad legal a su política energética.
Hubo que esperar hasta 2013, ya en el sexenio de Enrique Peña, para resolver de fondo el tema, realizándose la reforma constitucional para evitar contradicciones entre las políticas y la ley.
El episodio es relevante por el debate que se ha generado en los últimos días.
Con independencia de si la política energética planteada por el gobierno de AMLO es adecuada o no, el tema que los congresistas norteamericanos plantean en una carta que enviaron a Trump el viernes y las visiones de diversas empresas, es que las acciones de política de este gobierno en materia eléctrica en lo particular son violatorias del marco legal.
El propio AMLO manifestó sus dudas cuando cuestionó a los reguladores del sector si la política de fortalecimiento de la CFE y Pemex podría realizarse en el marco actual. La última parte del memorándum del pasado 22 de julio pedía a los reguladores que refirieran si la política que les definía podía operarse con el marco legal vigente.
Todo indica que en septiembre hubo una respuesta positiva de los reguladores, quienes iniciaron acciones para fortalecer a Pemex y CFE. Y se planteó una reunión en noviembre para dar seguimiento.
En el camino, sin embargo, el Poder Judicial ha dado entrada a amparos y la Suprema Corte otorgó una suspensión definitiva a la política de la Sener en virtud de la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica.
Todo parece indicar que, si el Ejecutivo no opta por proponer una modificación constitucional, una parte esencial de la política energética se va a quedar paralizada por las resoluciones judiciales.
La historia se repite, pero ahora en sentido contrario.
AMLO sabe que es baja la probabilidad de que sea aprobada una reforma constitucional para echar para atrás la reforma energética.
Ya estamos en tiempos electorales y ningún partido opositor va a regalarle ventajas políticas a Morena.
Y resulta que el 'bloque de contención' puede detener modificaciones constitucionales en el Senado.
Así que, apunte usted como el escenario más probable de los siguientes meses, a la espera del balance político de fuerzas que arroje la elección de junio, una secuencia de litigios nacionales e internacionales sobre el tema energético.
Si a eso le suma los malos resultados financieros y operativos de Pemex, entenderá porqué el sector va a ser uno de los principales dolores de cabeza del presidente en los siguientes meses.