Hace un par de días trascendió un documento con señalamientos que presuntamente el 22 de julio hizo el presidente de la República a integrantes de algunos órganos reguladores del sector energético, en el sentido de privilegiar a las empresas del Estado respecto a las demás.
La realidad es que, desde el comienzo de esta administración, esa ha sido la política que consistentemente ha instrumentado el gobierno federal, al punto de que los lineamientos señalados por la Secretaría de Energía en materia de electricidad ya fueron objeto de una controversia constitucional por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica.
El pasado 30 de junio, la Suprema Corte admitió la controversia y ordenó la suspensión de la política eléctrica establecida por la Sener, en tanto no se resuelva el fondo del asunto.
La realidad es que, en efecto, la reforma energética instrumentada en la administración anterior creó un armazón jurídico orientado al desarrollo de los mercados en el sector. Esto implicaba que hubiese autoridades y reguladores independientes del gobierno federal, pues sus empresas, Pemex y la CFE, eran los llamados incumbentes en sus respectivos sectores.
Esto quiere decir que se requería un trato diferenciado entre las empresas que ingresaban al mercado respecto a quienes ya lo dominaban, es decir, Pemex y CFE.
Esto sucede cuando se intentan deshacer estructuras monopólicas, trátese de empresas públicas o de firmas privadas.
Desde el principio, el gobierno interpretó esta estructura jurídica como un intento de debilitamiento de las empresas estatales del sector energético. Y en alguna medida es así, ya que generar un mercado donde antes había un monopolio implica inevitablemente que éste pierda poder.
Al comenzar la nueva administración lo que ocurrió fue el debilitamiento de los propios organismos reguladores con el cambio de algunos de sus integrantes eliminando a quienes se identificaban con el objetivo de la creación de mercados energéticos.
Adicionalmente se llevaron a cabo acciones de política pública como la cancelación de las licitaciones, la eliminación de las alianzas estratégicas de Pemex por terceros, la cancelación de la subastas eléctricas, etcétera, que apuntaban a lo mismo.
Es muy claro que lo que el gobierno quisiera es el regreso a las condiciones que existían en el ámbito energético hace tres décadas.
Otro señalamiento relevante que trascendió en el documento presuntamente leído a los reguladores es la consideración de que si la estructura jurídica vigente no admite el fortalecimiento de las empresas públicas, se exploraría la posibilidad de proponer reformas legales o incluso constitucionales que hicieran posible ese objetivo.
De hecho, de manera pública, el presidente de la República ha señalado que esto podría ocurrir después de las elecciones del próximo año.
En el caso específico de Pemex (diferente al de CFE), el problema es que conjuga dos crisis, una coyuntural y otra estructural.
No solamente enfrenta un problema financiero muy serio derivado del abandono y la 'ordeña' de la empresa por muchos años, sino que además está en un sector que tiene un futuro incierto.
Esto se refleja, por ejemplo, en que Exxon Mobil, una de las empresas petroleras más importantes de Estados Unidos, tuvo en el primer semestre pérdidas, por primera vez en 32 años.
Si Joe Biden gana la presidencia de Estados Unidos, todo el sector petrolero va a estar 'en la tablita' por su estrategia de transición energética, y las empresas que ya están golpeadas, como Pemex, simple y llanamente no van a tener futuro, por más que las consientan los órganos reguladores o que el gobierno cambie las reglas legales del juego.