¿Por qué habría que retrasar la edad de jubilación como una solución a la crisis de las pensiones en México?
A propósito del artículo publicado ayer en este espacio, algunos lectores me preguntaron acerca de las razones por las cuáles elevar la edad de jubilación.
La respuesta es relativamente simple: porque vivimos más.
Cuando se aprobó la Ley del IMSS que estableció la edad de jubilación a los 65 años, en 1973, la esperanza de vida al nacer en México era de 63 años.
Es decir, si alguien llegaba a los 65 años entonces, había rebasado la esperanza de vida no sólo de su generación, sino incluso de los niños que nacían en ese año.
De este modo, en promedio, el tiempo que debía pagarse una pensión o jubilación era relativamente breve.
Esa edad se modificó sustancialmente. Las estimaciones más recientes indican que actualmente esa edad es de 78 años para las mujeres y 73 años para los hombres.
Cuando alguien llega a los 65 años, además, tiene una expectativa de vida más elevada. Así que cuando alguien se jubila a los 65, es probable que viva en promedio 15 años tras esa fecha, y en el futuro será aún más tiempo.
Los sistemas de pensiones tradicionales hicieron crisis no sólo por el aumento de la esperanza de vida de la gente, sino por el cambio del perfil demográfico, que redujo la tasa de fecundidad y que redujo severamente la cantidad de hijos.
Menos personas aportando y más jubilados que financiar, hicieron una combinación insostenible.
En el caso del sistema de las Afore en México, que arrancó en 1997, comenzó con una esperanza de vida de 76 años para las mujeres y 71 para los hombres, lo que ya quedó rebasado.
Pero, además, lo hizo con una tasa de ahorro obligatoria que fue muy baja desde el principio, pero se consideró como un punto de partida, para asegurar que el sistema fuera aprobado por las fuerzas políticas en el Congreso y que tuviera costos aceptables para patrones, trabajadores y Estado.
Hay que recordar que cuando nació el sistema de las Afore, apenas teníamos dos años de haber padecido la crisis más severa de la era moderna, que había quebrado al sistema bancario completo y había requerido un aumento de cinco puntos en la tasa del IVA.
Las reformas de los sistemas de pensiones requieren que sean llevadas a la práctica por gobiernos con un alto grado de popularidad –como la que hoy tiene el de AMLO– o en una circunstancia de crisis que haga aceptable para la sociedad lo que en otro contexto no lo sería.
En abril de 1996, aquella reforma logró pasar gracias a la mayoría priista que la aprobó en el Congreso. Fue la última Legislatura de la Cámara de Diputados, antes que la actual, en la que un partido tenía mayoría absoluta.
El equipo de transición del gobierno de AMLO, en julio y en agosto pasados, señaló que sí iría por una reforma profunda de las pensiones, pero no en la primera mitad del sexenio, sino en la segunda parte.
Esto supone anticipar que mantendrán mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 2021.
Sin embargo, creo que por el alto costo político que esta reforma implica, si no se emprende en el primer o segundo año del gobierno ya será difícil que se concrete, pues en la segunda parte del sexenio pesarán las consideraciones electorales.
Ojalá me equivoque, pero no sería raro que este sea un tema que se aborde hasta el siguiente sexenio.