El pasado 12 de febrero, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, acudió a la conferencia mañanera del presidente López Obrador.
De manera sorpresiva, en esa ocasión denunció la existencia de contratos a los que calificó de 'leoninos', que un grupo de empresas había hecho con la CFE y que le implicaban altos desembolsos a la empresa estatal.
El propio presidente hizo un llamado a las empresas involucradas, señaladamente a Carso, IEnova y TransCanada, para renegociar los términos de los contratos.
Por varios meses, se mantuvieron conversaciones entre las empresas y CFE. Sin embargo, el 24 de junio, IMG, el consorcio en el que participan IEnova y TransCanada para la construcción del gasoducto submarino del sur de Texas a Tuxpan, informó que recibió una notificación de CFE demandando una solicitud de arbitraje internacional.
La empresa estatal señalaba que era en respuesta a la misma solicitud hecha por las empresas.
Al margen de la razón por la que se hayan detonado los arbitrajes, el hecho es que esta decisión sorprendió a funcionarios y a empresarios.
Y prendió las luces de alarma respecto al impacto negativo que habría por el incumplimiento de contratos por parte del gobierno mexicano.
De inmediato, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia; Carlos Salazar, presidente del CCE; y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, promovieron una vía paralela a los litigios que tendrían que resolverse en la Corte Internacional de Londres.
Se logró convencer al presidente López Obrador para que la negociación no dependiera solamente del director de la CFE, quien tenía la posición más dura.
Después de muchas reuniones, la semana pasada empezó a perfilarse un acuerdo.
Sin entrar en la polémica de si resultó más caro el remedio que la enfermedad, está fuera de discusión de que el peor escenario era meterse a un arbitraje de duración incierta y con altas probabilidades de tener un resultado adverso.
El desenlace anunciado ayer resolvió un problema que nunca debió haberse presentado.
Si queremos tener una visión positiva, el hecho de que se hayan obtenido acuerdos, es el indicio de que pueden empezar a darse cambios en la visión del gobierno y del presidente de la República, que entienda la necesidad de mandar señales positivas para alentar la inversión privada.
Dice el adagio que una golondrina no hace verano. Si este hecho es algo aislado no será ni lejanamente suficiente para restaurar la confianza. Pero si es síntoma de que hay una forma nueva de ver las cosas, entonces podríamos empezar a ver un proceso de reconstrucción de la confianza de la inversión.
El siguiente capítulo relevante llegará el próximo domingo.
El presidente tiene la opción de ser complaciente y triunfalista en el mensaje que dará con motivo de su Primer Informe.
O bien, sin dejar de mencionar logros (no es imaginable siquiera), podría introducir un tono autocrítico que ya empleó, cuando refirió que ya no buscará culpables en las administraciones anteriores y que el crecimiento económico es una asignatura pendiente de esta administración.
No es fácil, pero la confianza se puede reconstruir. Ojalá el anuncio de ayer sea el primer paso de ese camino.