Durante los últimos días se ha presentado una polémica en torno a la llamada tasa de letalidad del Covid-19 en México.
Sobre la base de los datos oficiales reportados a organismos internacionales, en México dicha proporción llega a 11 por ciento, sobre la base de los datos que se dieron ayer por la tarde es la más alta en América Latina y también una de las más altas a nivel internacional.
El presidente López Obrador ha señalado que esto no es así. Y creo que tiene razón. En este caso coincido con él… aunque las razones para afirmarlo sean completamente diferentes.
Él señala que México no tiene la tasa más alta porque si ponderamos los fallecidos oficiales entre la población total estamos en la parte media baja de la tabla. En efecto, la cifra es de 67 por cada millón de habitantes.
El problema es que la propia Secretaría de Salud del gobierno mexicano, hasta hace un par de días definía la tasa de letalidad como la proporción de los fallecidos entre los contagiados y no sobre la población total.
Y así lo hacían las autoridades sanitarias del país por ser la práctica internacional. A partir de ayer, tras el enojo de AMLO, cambiaron el indicador, lo que muestra que han construido algunos datos al gusto del presidente.
La tasa de letalidad, como la definen en todo el mundo, es una variable de la que realmente no tenemos ni idea en México porque la información que tenemos es imprecisa.
En virtud del escaso número de pruebas que se han aplicado, los casos confirmados tienen una de las mayores subestimaciones del mundo.
Y en el caso de los fallecidos, en diferentes ocasiones hemos comentado que hay indicios de que también se subestiman, sobre la base de los análisis que se han hecho en actas de defunción.
Hay que subrayar que en todo el mundo hay subregistro pues las pruebas aplicadas son, en general, bajas.
El país, entre los de mayores contagios, que ha hecho más pruebas en proporción a su población es España, que ha indagado al 7.6 por ciento de sus habitantes.
En Estados Unidos, muchas de las críticas que se hacen a la gestión del presidente Trump tienen que ver con el escaso número de pruebas, que corresponden al 4.7 por ciento de su población.
Con el 0.18 por ciento de la población mexicana a la que se han hecho pruebas, como diversos especialistas han dicho, estamos con una venda en los ojos.
El tema principal en este momento respecto a las pruebas ya no es el pasado. Olvidémonos por lo pronto de lo que pudimos hacer si se hubieran aplicado en un número mucho mayor en los pasados meses. Lo relevante ahora es lo que haremos para organizar el fin del confinamiento, periodo en el que es indispensable contar con muchas más pruebas para poder detectar casos y aislarlos para evitar que se vuelva a desatar un nuevo brote.
La información imprecisa y poco confiable con la que contamos ya ha dado lugar a que diversos gobiernos estatales abiertamente hayan rechazado los indicadores generales que se expresarán a través de semáforos fijados por la autoridad federal.
Lejos de ser algo positivo, ese hecho puede dar lugar a una gestión ineficiente del regreso a las actividades y eleva la probabilidad de que tengamos un próximo rebrote.
Una gestión del regreso coordinada a nivel federal es mucho mejor que la suma de decisiones locales que eventualmente pueden entrar en conflicto. El problema es que ya hay desconfianza.
Ayer, en su reunión con senadores, el doctor López-Gatell se curó en salud y dijo que no se puede garantizar que no haya un rebrote. Así que…
Más vale que tome sus providencias porque la historia de esta pandemia todavía, lamentablemente, tiene muchos capítulos por delante.