Hay algunos que piensan que la estrategia del presidente López Obrador para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 no tiene ni pies ni cabeza.
Difiero de esa visión. Creo que la estrategia tiene su razón… aunque ésta pueda no corresponderse con la realidad.
Como aquí le comentamos, López Obrador se convirtió en una figura política nacional, entre otras cosas, a partir de su intensa crítica al Fobaproa.
En su mente, quedó la imagen –parcialmente correcta– de que se habían utilizado recursos fiscales a gran escala para rescatar de la quiebra a empresas y empresarios poderosos. Y, en contraste, el esquema había socializado los costos de este rescate, que tuvo que pagar la sociedad.
Por eso, ahora que a él le toca afrontar una crisis económica desde la Presidencia de la República, está convencido de que no se deben utilizar los recursos fiscales para rescatar ni a empresas ni a empresarios.
Pero, además, el presidente supone que el crecimiento de la deuda pública en México ha derivado en buena medida de la corrupción, del hecho de que se contrataban créditos para que hubiera recursos para que echaran mano de ellos funcionarios y proveedores.
La combinación de estas dos visiones explica en buena medida su programa anunciado el domingo.
Supone que el dinero público debe utilizarse para apoyar a los sectores de menores ingresos. Por eso los recursos habrán de canalizarse principalmente a los 22 millones de personas que están en los padrones de los programas sociales, así como a dos millones de microempresas, incluyendo el sector informal. Incluso el apoyo de los créditos debe estar fundamentalmente orientado a los pequeños empresarios.
Dado que para impactar en estos segmentos no se requiere de sumas cuantiosas, el presidente está convencido de que no es necesario tomar más deudas ni tampoco elevar la carga impositiva.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, le ha convencido de que, a través de un mayor cumplimiento tributario, puede subsanarse la potencial pérdida de tributación por efecto de la menor actividad económica.
En realidad, a AMLO no le importa si el PIB cae en 5 o 6 por ciento. Lo que le preocupa es que los grupos de menores ingresos no pierdan.
Esa visión del funcionamiento de la economía no va a cambiar.
Lo único que podría suceder es que las evidencias empíricas le mostraran y que los supuestos de los que parte son incorrectos, que el dinero no alcanza.
Quizás el asunto clave sean los ingresos del gobierno.
En 1995, por ejemplo, con una caída del PIB de 6.3 por ciento, los ingresos tributarios se desplomaron 20 por ciento en términos reales. Pero el resultado de 2009 fue muy diferente. El descenso del PIB fue de 5.3 por ciento, pero los ingresos tributarios crecieron en 7.9 por ciento real.
El presidente le está dando crédito a quienes le ofrecen datos y juicios que soporten sus intuiciones. Por eso, está creyendo plenamente en el juicio de la jefa del SAT.
Me parece que la clave será lo que se observe en este mes de abril.
Si en las siguientes semanas se confirman los peores temores de los empresarios y de los expertos y la recaudación se desploma, no descarte un giro en la manera en la que este gobierno está encarando la crisis.
El presidente López Obrador es capaz de ajustar sus juicios, como ya se vio en el caso de las medidas para contener la pandemia.
El problema es que hay el riesgo de que ese eventual cambio pueda darse demasiado tarde, cuando ya poco pueda hacerse para evitar el desastre.