El actual periodo ordinario de sesiones del Congreso puede ser fatídico en cuanto a las señales que se dan a la inversión en México.
Ayer, en el primer día de actividad legislativa vimos el primer signo.
El Ejecutivo mandó como iniciativa preferente a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que cancela de facto la reforma eléctrica que se aprobó en 2013 y va más allá.
Como iniciativa preferente, deberá ser dictaminada y votada por los diputados en este mes, por lo que su autorización será muy rápida, en un par de meses en las dos cámaras.
¿Qué cambia la reforma?
Le da carácter legal a las prioridades de despacho eléctrico que ya había fijado la Secretaría de Energía y que había revocado la Corte. Es decir, primero se pondrá en el sistema eléctrico la energía generada por la hidroeléctricas de CFE; luego toda la demás energía generada por CFE; luego las energías de fuentes renovables generadas por los privados, y finalmente la generada por las centrales de ciclo combinado del sector privado.
En términos prácticos, se pretende sacar de la jugada a una buena parte de la capacidad instalada que han construido inversionistas privados desde el sexenio de Zedillo a la fecha.
Por si esto fuera poco, la reforma plantea la posibilidad de que sean cancelados los contratos de autoabastecimiento eléctrico que sean considerados ilegales.
La iniciativa señala que las asociaciones comerciales que se gestaron en torno a dichos contratos fueron ilegales.
La reforma cambiaría fuertemente las reglas del juego con las que se ha ido configurando la industria eléctrica en las últimas dos décadas, y tiene como propósito fundamental el fortalecimiento de la CFE.
El diagnóstico señala que la reforma afectó negativamente a la CFE y favoreció a las empresas privadas, lo cual es un juicio con alta carga ideológica.
¿Qué pasaría si la reforma se aprobara en sus términos?
Para los inversionistas del sector eléctrico sería un golpe drástico a la confianza que va a causar trastornos mayores en múltiples inversiones ya en operación y otras en curso.
La mala señal se va a hacer extensiva a toda la inversión, y no solo a la de la rama eléctrica.
Para los consumidores, implicará un encarecimiento de la energía eléctrica, pues el criterio de despacho será favorecer a la CFE, al margen de que tenga un mayor costo de generación que las empresas privadas.
Y lo más probable es que de aprobarse la iniciativa, estallen diversos litigios tanto nacionales como internacionales.
En el ámbito nacional, porque se podrá señalar que el trato discriminatorio hacia el sector privado es violatorio del artículo 28 constitucional y que se pretende una aplicación retroactiva de la legislación.
A nivel internacional, porque habrá empresas norteamericanas afectadas que van a invocar el TMEC como instrumento jurídico que las protege ante violaciones de los términos de sus contratos.
Si el gobierno de AMLO quería revertir la reforma energética, especialmente en el ámbito eléctrico, tendría que haber modificado la Constitución.
Sin embargo, sabe que, con el balance político actual, eso no es posible, por lo que ha optado por una reforma legal cuyo futuro es incierto.
Si, a esta iniciativa siguiera la de outsourcing y luego las reformas a los órganos autónomos, se estaría creando un ambiente altamente negativo para la inversión privada.
En el contexto de la pandemia y sus secuelas, el afán de seguir con propuestas con alto contenido ideológico puede terminar golpeando otra vez a la economía en este año.
Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí