Hace unos días el Banco de México anunció que el año pasado no se generó ningún remanente de operación, y que por lo tanto, el Banco Central no entregó en abril ninguna cantidad al gobierno federal por ese concepto. Me parece que la Junta de Gobierno del Banco actuó con absoluta sensatez.
El año pasado (4 de abril de 2020) el presidente López Obrador invitó a Palacio Nacional al gobernador del Banco, Alejandro Díaz de León, para solicitarle un adelanto de lo que se esperaba se pudiera generar de remanentes ante la devaluación que estábamos sufriendo con la pandemia y la importante reducción de los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, ya que el precio del WTI llegó a estar en negativos durante esos días. El tipo de cambio llegó a cerca de 25.80 pesos por dólar. La respuesta del gobernador fue una negativa contundente, ya que argumentó, debe respetarse lo que dice la Ley Orgánica del propio Banco de México y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las que establecen que si existe algún remanente, que se puede determinar una vez que termina el año fiscal, debe entregarse a más tardar en abril del año siguiente.
El artículo 55 de la Ley Orgánica del Banco de México dice: “El Banco será Institución sin propósito de lucro y deberá entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas previstas en esta Ley, siempre que ello no implique la reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos. Dicha entrega se efectuará a más tardar en el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda el remanente.” A primera vista el texto parece lógico. Pero si lo analizamos más a fondo, veremos que esto implica la posibilidad de que el Banco Central tenga que crear dinero en magnitudes importantes para financiar al gobierno federal, lo que es exactamente lo contrario a lo que la ley perseguía en esencia: tener un banco central autónomo que estuviera impedido para financiar al Ejecutivo. De hecho, el Banco tiene prohibido adquirir Cetes o valores gubernamentales en el mercado primario, cuando el gobierno emite los títulos.
El absurdo de este artículo está en lo que se entiende por remanente de operación. En el balance del Banco de México, el mayor componente del activo está en las reservas internacionales o lo que técnicamente se denomina activos internacionales netos. Cuando ocurre una apreciación del peso, y el tipo de cambio baja, la valuación de las reservas en pesos disminuye en su valor, y genera una minusvalía. Cuando ocurre lo contrario, y el tipo de cambio aumenta, el valor en pesos de las reservas internacionales aumenta. Esto es una plusvalía. De acuerdo a las normas y principios contables, esto sería una pérdida o una utilidad no realizadas. Y es precisamente lo que el Banco de México está obligado por ley a entregar a la Secretaría de Hacienda. La ley obliga a convertir una plusvalía en dinero y entregárselo en cash al Ejecutivo federal.
Han ocurrido ocasiones en las que en abril del año siguiente a un año con devaluación, el peso ya se revaluó durante el primer cuatrimestre, y la plusvalía de las reservas internacionales que se tenía en diciembre pasado ya desapareció y se convirtió en una minusvalía, y de todas maneras, el Banco está obligado a crear el dinero y entregárselo al Ejecutivo federal. Es por eso que en la Ley de Presupuesto se ha limitado el uso de estos recursos, para que sean lo menos inflacionarios posibles. El 70 por ciento se tiene que ir a pagar deuda pública. El 30 por ciento restante se destina a incrementar los fondos de estabilización de ingresos que tiene el gobierno federal.
Me imagino lo que ha de pensar Miguel Mancera si se le preguntara qué opina de estos artículos de la ley. Mancera tuvo el valor de enfrentarse al presidente López Portillo, y negarse a firmar los decretos de la estatización de la Banca y del Control de Cambios, teniendo que renunciar a su cargo como cabeza del Banco, y posteriormente fue restablecido por el presidente Miguel de la Madrid, también ex Banco de México, para preparar una nueva Ley Orgánica del Banco. No me explico cómo mentes tan brillantes como las de Agustín Carstens, o los secretarios de Hacienda que hemos tenido, no han lanzado una iniciativa para eliminar estos artículos absurdos. Si sumamos los remanentes pagados al gobierno federal, resulta que ya se han creado 730 mil millones de pesos.
De estos recursos, 390 mil millones de pesos (53 por ciento) se gastaron en esta administración de la 4T, vía lo que estaba guardado en los Fondos de Estabilización de Ingresos.
El autor es presidente de Bursamétrica.