Hace unos días, Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y actual secretaria del Tesoro, apuntó en una plática en el Foro Económico Mundial que la agenda económica de la administración del presidente Biden está inspirada en un nuevo enfoque de la política económica, a la que llamó “economía moderna del lado de la oferta”.
La economía tradicional del lado de la oferta ideada como expresión por Heber Stein en 1976, cuyo uno de sus principales teorizantes fue A.B. Laffer (conceptualizador de la curva de Laffer que propone que a menores impuestos ocurre un mayor crecimiento y mayor recaudación fiscal), con fuerte énfasis en la privatización, y en las medidas de desregulación, se popularizó durante la administración de Margaret Thatcher en el Reino Unido y la presidencia de Ronald Reagan. Reagan usó la teoría como la base de su política económica (reagonomics) con lo que confrontó a los demócratas neokeynesianos, partidarios del ‘gran gobierno’, arraigando el término. Los economistas puros del lado de la oferta enfatizan la inversión en capital, menores impuestos y el comercio sin restricciones (desregulación y apertura comercial o globalización) como las mejores formas de promover el crecimiento económico, tomando como base la Ley de Say, “la oferta crea su propia demanda”. Keynes, por contraste, puso tres décadas antes el énfasis en la demanda, lo que fue la base de la política económica de la posguerra.
Después del evidente fracaso provocado por ambas corrientes ideológicas, en diversas épocas, la pregunta sigue vigente: ¿qué es más importante estimular en una economía moderna? La mayoría de los economistas admiten que ambos lados merecen atención en una economía dinámica. Pero tampoco se puede dejar de lado la urgente necesidad de adoptar políticas extremas de cuidado del medioambiente.
Yellen afirma que el nuevo enfoque es más prometedor que la antigua economía de la oferta, que ella ve como una estrategia fallida para aumentar el crecimiento.
Yellen agregó: “Ha llegado el momento de adoptar estas medidas, porque la oferta de trabajadores estadounidenses está restringida en este momento debido a la COVID-19, pero también a más largo plazo porque la población está envejeciendo y muchas personas que ingresan por primera vez a la fuerza laboral carecen de las habilidades necesarias y cualificaciones que exigen los empresarios”. “El núcleo de Build Back Better (BBB, Construir de Nuevo, Mejor) contrarresta estas tendencias al facilitar que los padres en edad de trabajar participen en el mercado laboral”.
Bajo este nuevo enfoque, el gobierno se concentraría en áreas descuidadas por el sector privado que, sin embargo, son críticas para una economía productiva. A principios del año, el presidente Biden lo expresó de esta manera: “Si los precios de los automóviles son demasiado altos en este momento, hay dos soluciones: aumentar la oferta de automóviles fabricándolos en mayor cantidad o reducir la demanda de automóviles empobreciendo a los estadounidenses”.
Más adelante durante una visita a Pittsburgh el 28 de enero, Biden enfatizó las ganancias económicas que provienen de canalizar dinero en áreas tales como infraestructura e investigación científica. “Cuando el gobierno federal invierte en innovación, impulsa al sector privado a hacer lo que mejor sabe hacer: crear nuevas tecnologías increíbles y nuevas industrias y, lo que es más importante, nuevos empleos, empleos bien remunerados”.
Una gran cantidad de economistas han estado promoviendo desde hace tiempo lo que ellos llaman ‘economía progresiva del lado de la oferta’. Pero lo que Janet Yellen intenta vender con esta formulación semántica teórica es un mayor presupuesto de gasto, como una política de crecimiento y antiinflación.
Con una inflación de 7.5 por ciento, la tasa más alta desde 1982, y la Reserva Federal a punto de endurecer la política monetaria, se podría pensar que Biden y el Congreso deberían estar buscando formas de poner fin a la política fiscal extrema. Sin embargo, sorprendentemente, siguen vigentes las acaloradas discusiones bipartidistas para aumentar las asignaciones generales de este año en un 16 por ciento, en un cuarto de billón de dólares, aprobar otra ronda de estímulo COVID y resucitar el proyecto de ley BBB de 1.7 billones de dólares.
Esta inflación ha sido impulsada por una política fiscal extrema, que de un promedio de 20 por ciento del PIB se duplicó a 40 por ciento del PIB en un periodo de 12 meses a medida que explotó el gasto pandémico. Los múltiples proyectos de ley de estímulo hicieron más que llenar el vacío en la demanda agregada. El gasto aumentó a medida que el cierre de la pandemia redujo el empleo y la producción durante ese periodo en un promedio de 7.0 por ciento. En este caso de inflación de libro de texto, 1.20 dólares de ingresos comenzaron a perseguir 93 centavos de bienes y servicios, un proceso engrasado por una política monetaria expansiva, y ese desajuste envió a la inflación a un máximo de 40 años. Tratar de llegar a nuevas ‘teorías’ para racionalizar por qué el dinero se está gastando hacia objetivos sociales o climáticos en lugar de objetivos económicos, no refutará la lógica económica sólida.
El autor es presidente de Bursamétrica.