El tsunami financiero alcanzó a otras grandes instituciones financieras en días recientes, la estadounidense Charles Schwab y el Toronto Dominion Bank de Canadá. En ambos casos el temor proviene de su exposición al mercado inmobiliario ante el entorno de alza abrupta de las tasas de interés. A pesar de que los embates siguen, hay que hacer notar que en los últimos casos como en el Deutsche Bank, el First Republic Bank y en estas otras instituciones el desenlace no ha sido tan fatídico como en el caso del Silicon Valley, el Signature o el Credit Suisse.
Los diversos casos que hemos conocido hasta ahora, ponen en evidencia la debilidad de la supervisión y la fragilidad de la regulación. De nueva cuenta, y como siempre ha sucedido a lo largo de la historia, se hace evidente que la norma se ha quedado dormida frente a la práctica, y el avance tecnológico. Que el sistema de las agencias calificadoras, que viven de cobrarle al emisor vuelve a estar en entredicho. Que los sistemas de la auditoría externa son aún vulnerables, que las prácticas de gobierno corporativo no son robustas, que la administración de riesgos debe ser efectiva y no solo un sistema de documentación cuantitativa autómata.
El temor más grande está en las minusvalías que se calculan que hay en los balances de los bancos ante sus tenencias de bonos del Tesoro americano que se estiman en 650 mil millones de dólares. ¿Cuánto de esta minusvalía estará reflejada adecuadamente en los balances? Pero también hay el temor de que en el futuro veamos bancos emproblemados por un incremento en la cartera vencida, ante una futura recesión, con altas tasas de interés.
Uno de los hechos más significativos que ha hecho al entorno financiero más vulnerable es la facilidad con que los depositantes pueden retirar sus depósitos, ya no hay que formarse en largas filas afuera de las sucursales para sacar el dinero, como era antes.
Otra debilidad evidente del sistema fue la cantidad máxima que se asegura en el Instituto Federal de Seguro de Depósitos Bancarios, que es el límite actual de 250 mil dólares. En el SVB solo 3.0 por ciento de los depósitos era inferior a ese monto.
De lo más interesante resulta analizar lo que sucedió ahora, como resultado de la diferenciación que hizo el regulador en la Ley de 2010 Dodd-Frank, posterior a la crisis hipotecaria, que volvió a separar a los bancos comerciales respecto de los bancos de inversión, y que clasificó a los bancos en dos grupos, los Too Big to Fail, y el resto de los bancos. A los más grandes, que tenían activos arriba de 100 mil millones de dólares, se les exigió el cumplimiento de una más estricta regulación y capitalización. Esta clasificación fue revisada en 2018 por iniciativa de la administración Trump, para eximir de esa más estricta regulación a los bancos con activos abajo de 250 mil millones de dólares. Las modificaciones a la ley se enfocaron además a volver a desregular a los bancos. Ahora la administración Biden critica que la desregulación fue muy lejos.
El fenómeno observado ahora es que los bancos locales, más pequeños, sufrieron por la desconfianza un retiro masivo de depósitos que canalizaron a los bancos más grandes del sistema.
Por su parte, la Casa Blanca está proponiendo las siguientes medidas que no requerirán de cambios a las leyes:
1. Volver a considerar a bancos con activos arriba de 100 mil millones de dólares dentro de la regulación para los más grandes.
2. Realizar pruebas de estrés en los bancos locales más estrictas y con mayor periodicidad.
3. Fortalecer el capital de las instituciones locales.
4. Fortalecer los mecanismos de liquidez de las instituciones.
5. Revisar al alza los límites del seguro de depósito bancario.
También sería previsible que volvamos a ver una revisión a la regulación de Basilea (Basilea IV) en donde seguramente veremos que el péndulo de la regulación se inclinará a las reglas conservadoras y prudenciales extremas y probablemente México será nuevamente el primero en comprometerse a cumplirla.
Aquí tenemos otro tipo de problemas dentro de los cuales se destacarían cuadros sumamente débiles de supervisión, una regulación en muchos sentidos obsoleta y atrasada, una fuerte corrupción al interior de los organismos reguladores y de procuración de justicia, al más alto nivel, bancos que ganan mucho dinero con amplísimos diferenciales y altas comisiones, poco sistematizados, y que no prestan; un mercado de valores cuyo tamaño y profundidad no corresponden con el tamaño de la economía, un sistema previsional de ahorro obligatorio dormido que prefiere canalizar los recursos del ahorro de los trabajadores mexicanos al exterior, una banca de desarrollo desperdiciada y muy pequeña, y un esquema de intermediarios financieros no bancarios no regulado con muchos jugadores pequeños, que prefiere mantenerse así, sin mayor trascendencia.