Comentábamos la semana pasada que el Paquete Económico 2024 tiene una relevancia particular al ser el último ejercicio del sexenio y un año de elecciones presidenciales. El pasado viernes 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda presentó el conjunto de iniciativas a la Cámara de Diputados.
En marzo pasado, la Secretaría presentó, de acuerdo a la ley, los PreCriterios 2024, en donde se esperaba un crecimiento del PIB del 3.0 por ciento real anual tanto para el 2023 como para el 2024. Una inflación del 5.0 por ciento y del 4.0 por ciento anual respectivamente y un déficit fiscal del 4.2 por ciento y del 3.2 por ciento sobre el PIB para cada año. Le decía la semana pasada que preveíamos un programa de entre un 4, 4, 4 (4.0 por ciento de crecimiento en el PIB, 4.0 por ciento de inflación y un 4.0 por ciento de déficit fiscal a PIB) y un 3, 3, 3.
En los Criterios Generales de Política Económica para el siguiente año, Rogelio Ramírez de la O está proponiendo un programa 3.0, 3.8, 5.7; ya que ahora se está planteando un crecimiento en el mismo rango 2.5-3.5 por ciento que implica una estimación puntual del 3.0 por ciento para el PIB, con una inflación del 3.8 por ciento anual (dentro del rango objetivo del Banco de México), y un déficit fiscal (RFSP) del 5.7 por ciento. Adicionalmente se está asumiendo un tipo de cambio promedio de 17.1 pesos por dólar, una tasa de Cetes a 28 días promedio de 10.30 por ciento anual, un precio promedio de exportación de petróleo de 56.7 dólares por barril para la mezcla mexicana de exportación, con un supuesto de producción de petróleo que se mantiene en 1.983 millones de barriles diarios, y un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del 0.8 por ciento del PIB.
En general, el plan puede considerarse como realista, y bien hecho, aunque usted no lo crea o lo dude. Hay cuatro cosas que pueden destacarse como positivas en la conducción de la política económica de esta administración: la primera es que hemos tenido una conducción de las finanzas públicas muy estricta y ortodoxa. Muy conservadora, dirían los críticos, en cuanto al déficit fiscal. Una parte fundamental ha sido la eficiencia recaudatoria, con el enfoque a fiscalizar a los grandes contribuyentes. En lo personal no consideraría la política fiscal como ‘responsable’ en un amplio sentido, ya que se han privilegiado las dádivas clientelares respecto a poder brindar los servicios públicos elementales con la mínima calidad como son la salud, la seguridad, la impartición de justicia y la educación. Pero en materia fiscal financiera, no ha habido hasta lo que se plantea ahora un endeudamiento que ponga en riesgo la estabilidad económica del país. El secretario está intentando cumplir su promesa de terminar la administración con un nivel de deuda por debajo del 50 por ciento del PIB.
La segunda es que la administración de la deuda financiera del gobierno federal ha sido muy eficiente y exitosa, alargando los vencimientos y reduciendo el costo financiero de la deuda en términos relativos, en un entorno de alza de tasas de interés mundiales, y endurecimiento de las condiciones financieras de los mercados internacionales. Pero esta afirmación no la aplicaría a la administración del portafolio de la deuda de Pemex y CFE, empresas productivas del Estado en donde decisiones ideológicas y planes de negocios completamente irracionales han llevado a ambas empresas a una situación financiera muy emproblemada, y están representando de facto un riesgo para la calificación futura de la deuda soberana.
La tercera es la política monetaria, que afortunadamente se ha mantenido autónoma, a pesar de que todos los integrantes de la Junta de Gobierno han sido nombrados durante esta administración, y que logró anticiparse de manera correcta a la Reserva Federal, y empezó a aumentar la tasa de interés de referencia mucho antes de que la Reserva Federal lo hiciera, para controlar la inflación.
La cuarta es este enorme reto de profunda reasignación del gasto que se dio en un entorno de gran austeridad, sin aumentar los impuestos, y sin incrementar excesivamente los precios de la energía y de las gasolinas.
Lo que sí va a ser criticado es el nivel con el que termina el déficit fiscal sobre el tamaño de la economía. El rubro denominado Recursos Financieros del Sector Público, que en el 2024 terminaría en 5.7 por ciento sobre PIB, es un monto absolutamente insostenible en el largo plazo. Un déficit fiscal superior al 3.0 por ciento del PIB puede ser tolerable, cuando la política fiscal es intencionalmente contracíclica y se ejerce en un solo ejercicio. Esta es una de las más peligrosas bombas de tiempo que esta administración heredará a la que siguiente. Sea de Morena o del gobierno de coalición. Hay que recordar que todas las reservas financieras con las que los gobiernos contaban ante una caída de los ingresos han desaparecido en esta administración. Se las agotaron todas sin ninguna compasión.
El autor es presidente de Bursamétrica.