A raíz del anuncio del pasado 26 de febrero, en donde la Secretaría de Hacienda anunció que se liquidó la operación de la compra de las 13 plantas de generación eléctricas adquiridas a Iberdrola, han aparecido en los medios diversas críticas que evidencian confusión, por lo que vale la pena detenernos al análisis de la misma.
El pasado mes de abril, el gobierno de México anunció un acuerdo con Iberdrola para adquirir dichas plantas, por un monto aproximado de 6.2 mil millones de dólares. (Originalmente 5.943 mil millones de dólares). La adquisición se realiza a través de un vehículo de inversión nacional (CKD), muy utilizado en México desde hace varios años para el financiamiento de proyectos de infraestructura, y otros proyectos de inversión.
En el acuerdo, se adquieren 12 plantas de ciclo combinado que se encuentran ubicadas en los estados de Baja California, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas; y se adquiere también una planta de energía eólica, ubicada en Oaxaca. El precio de la transacción supone que la inversión representa un pago promedio de 696 mil dólares por megawatt (MW), lo que se sitúa a niveles de mercado.
La vida útil remanente promedio de dichas plantas es de más de 18 años, pudiéndose extender 10 años más, hasta 28 años. De esta forma, se incrementa el promedio de vida útil de las plantas de generación del Estado mexicano.
Con este acuerdo, que representa una generación de 8 mil 500 MW adicional para el Estado, pero no incrementa un solo watt la capacidad en el país, se logra un porcentaje superior al 56 por ciento de participación, respecto al 39 por ciento que se tenía previo al acuerdo, con lo que se supera el objetivo de contar con una participación de mercado para el Estado, superior a 54 por ciento en la generación eléctrica del país. Estas plantas representan el 55 por ciento de la capacidad instalada que tenía Iberdrola, de las que en un 87 por ciento son plantas que operan bajo el régimen de Productor Independiente de Energía, contratadas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Asimismo, se recupera presencia de mercado en áreas estratégicas, como por ejemplo en la región noreste del país, donde el Estado pasa de generar un porcentaje actual de 7 por ciento a 45 por ciento. De igual modo, en la región noroeste el Estado pasa de producir 52 por ciento a 92 por ciento, y en la región norte de 20 por ciento a 32 por ciento.
Las plantas estarán administradas por Mexico Infrastructure Partners, quien es realmente el que estructuró el proyecto, convenció a ambas partes, diseñó el vehículo, y se encargó de levantar el financiamiento y el capital del mismo, y es una sociedad mexicana que funge como manager privado de vehículos de inversión especializados en la administración de plantas de energía y de proyectos de infraestructura con más de una década de existencia y con activos bajo administración por más de 4 mil millones de dólares. Esta entidad privada mexicana administra carreteras, otros proyectos de infraestructura, y diversas plantas de energía en varios países de Latinoamérica.
Esto es muy importante resaltarlo, dado que la Cofece emitió su autorización de la compra, restringiendo la misma a que CFE no sea quien administre las plantas. Por el lado de los inversionistas, se exige que exista un administrador con experiencia probada, es decir, que no sea un first time manager. De cumplirse este requisito, conforme a sus políticas de inversión los inversionistas pueden meter dinero a este proyecto.
La arquitectura de financiamiento de esta CKD está diseñada con un 60 por ciento de deuda (3.72 mmdd) y un 40 por ciento de capital (equity) (2.42 mmdd). En este tramo de capital que fue aportado la semana pasada por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), se concentra el 100 por ciento de la propiedad de las plantas adquiridas. Pero en una semanas más Fonadin venderá el 49 por ciento a algunos inversionistas institucionales privados como pudieran ser Siefores y otros inversionistas. Es decir, el gobierno va a mantener capital, por solo 1.23 mmdd, (51 por ciento). Con la venta de las plantas Iberdrola va a generar una utilidad fiscal por un monto similar, por lo que el gobierno federal, se está haciendo del control de estas plantas prácticamente de saliva.
La operación se concreta en un momento en que México está en medio de una disputa sobre su política energética con Estados Unidos y Canadá, que argumentan que las restricciones del gobierno de México perjudican a sus empresas y violan el T-MEC. Los proyectos de generación de energía privados se están despertando rápidamente, ante el nearshoring, la mínima inversión que CFE realizó en los últimos años, y ante el incremento en la participación de la producción del Estado que se alcanza con esta transacción, lo que reabre las puertas a los nuevos proyectos. Dicho lo anterior, me parece que no hay duda sobre la conveniencia de haber realizado esta transacción, ante las circunstancias del entorno.