La semana pasada el presidente AMLO envió al Congreso una iniciativa que modificará sustancialmente la Ley para los Sistemas de Ahorro para el Retiro, permitiéndoles esencialmente operar con menores costos, contar con una reserva que les permita afrontar sus obligaciones fiduciarias, transformar las Sociedades de Inversión (Siefore) actuales en Fondos de Inversión (Fiefore) que tienen un marco corporativo más sencillo y claro, aumentar el menú de opciones de inversión para estos portafolios y permitir una mayor flexibilidad en el esquema de ahorro voluntario.
¿De que se trata esto? De romper con el paradigma actual que nos tiene desde hace muchos años en una circunstancia absurda, en la que por un lado, el país requiere de capital, y nuestro mercado de capitales está claramente subdesarrollado, y por el otro, el principal segmento de inversión institucional, en donde se tiene un monto considerable de ahorro de largo plazo, equivalente al 15 por ciento del PIB, que es el ahorro acumulado en las Afore, se queja de que no hay papel, y se decide invertirlo en el exterior, en lugar de canalizarlo a la actividad productiva de nuestra economía.
Participo desde hace años en varios comités de inversión y tesorería y he visto constantemente que entidades o empresas muy interesantes que pudieran emitir deuda o capital, no son del interés de las Afore, ni de las casas de bolsa porque no son lo suficientemente grandes.
Cada bimestre las Afore reciben recursos de nuevas aportaciones de los trabajadores por un monto aproximado de 30 mil millones de pesos, que equivale a 180 mil millones de pesos al año. ¿Debemos permitir que este ahorro invaluable siga teniendo que invertirse comprando ETFs que replican al índice S&P o al Eurostock en lugar de financiar proyectos de inversión o a las empresas mexicanas, creando empleos, riqueza social y una mayor recaudación de impuestos?
Las antiguas sociedades de inversión que venden los grupos financieros y las casas de bolsa ya han sido transformadas en fondos de inversión, con la expedición de la Ley de Fondos de Inversión de enero de 2014. Las Siefore se habían quedado rezagadas, y requerían con urgencia esta modificación.
La iniciativa obliga a las Afore a constituir un fondo de reserva para fortalecer su balance para afrontar sus obligaciones fiduciarias. También les abre a las Afore la posibilidad de que la comisión de gestión que cobran a los trabajadores tenga un componente que se determine en virtud del rendimiento que logren darle a sus Fiefore. Cobrar por el excedente a un rendimiento objetivo para alinear los intereses de las Administradoras con el de los trabajadores.
También les permite a los trabajadores tener una mayor flexibilidad con su subcuenta de ahorro voluntario, en la parte que no tenga beneficios fiscales para que este ahorro pueda ser retirado o utilizado con mayor flexibilidad.
Pero lo más trascendente en la nueva ley es que les ampliará a los Fiefore el menú de vehículos y operaciones en las que pueden participar. Por cuestiones de espacio me centraré en tres de ellas: La primera es el préstamo de valores. La segunda, son las operaciones en corto con valores recibidos en garantía mediante la prenda bursátil con traslado de dominio. La tercera, que consideraría la más importante para que el ahorro de las Afore se destine a la actividad productiva es la posibilidad que el nuevo marco regulatorio les dará a los Fiefore para participar en emisiones privadas.
Esperemos que con la misma visión y con estos mismos criterios sean modificadas las reglas de inversión de las Reservas de las Instituciones de Seguros y Fianzas, así como las leyes del Mercado de Valores y la de los Fondos de Inversión. Ahora lo realmente indispensable para que los trabajadores logren en el futuro una pensión digna es que las aportaciones obligatorias se incrementen sustancialmente. Una cotización del 6 por ciento del salario va a arrojar pensiones muy pobres. El porcentaje mínimo debe de ser 15 por ciento. Esta mayor contribución de los patrones, de los trabajadores y del Gobierno debe de ir acompañado de un cambio a la Ley Fiscal para permitir la deducción al 100 por ciento de las prestaciones a las empresas.