Comisionado del INAI
Desde los inicios de la pandemia en un clima de alboroto, preocupación y de búsqueda de respuestas providenciales ante el combate de los contagios y la forma de abordar cómo atender médicamente la enfermedad, surgieron un sinnúmero de opiniones del más variado tono: desde aquellas que reflejaban conocimiento, otras respaldadas por la experiencia, pasando por algunas que, por lo menos, expresaban sentido común, hasta llegar a aquellas que francamente eran más dignas de un merolico que vende panaceas.
En un entorno sociodigital en el que una de las principales vías de información y de desinformación es la relativa a las redes sociales en el que todo mundo, sin mayores argumentos, no análisis profundos, opinan y opinan a la ligera. Concedo el beneficio de la duda de que en la opinología hay buena fe y mejores intenciones. Más aún, cuando ese mismo entorno está respaldado por una libertad fundamental que es la relativa a la expresión y manifestación del pensamiento, ideas e información. A la vez, con una segunda capa de recubrimiento consistente en el derecho a saber, a acceder y a compartir información.
En un esquema democrático todas las voces deben ser respetadas, el disentimiento forma parte del respeto al otro, a pesar de no compartir esas ideas. Pero también estoy convencido de que las libertades y los derechos fundamentales deben ser ejercidos de forma responsable. Por ello, han surgido numerosos movimientos de disenso de muy alta calidad, responsables en el sustento de lo que opinan e informan, podamos estar o no de acuerdo con ellos.
Uno de esos movimientos, que no puede tomarse a la ligera, es el de las antivacunas. Por motivos sociales, médicos y religiosos existen opiniones −con ciertos antecedentes históricos que les legitiman y hacen lícita sus opiniones− que rechazan el uso y la aplicación de cualquier tipo de vacuna. Esto se ha remarcado con un énfasis propio de los tiempos de la pandemia y la diversidad de vacunas que se han creado para protegernos de los contagios o de la severidad de los efectos del Covid-19.
Lo que es inadmisible es otro escenario radicalmente ajeno a los movimientos serios e informados, en los que quienes no son médicos o científicos opinan sobre los inconvenientes que en la salud provocan las vacunas. Los exaltadores de ánimos subversivos que construyen mentiras destinadas a un conjunto de la población por credulidad, desgano o ignorancia ven en el proceso de vacunación teorías del complot de la más diversa tipología rayana en la ciencia ficción.
Esos desinformadores amateurs y profesionales que existen por tener la facilidad de acceso a una cuenta de red social y que pueden ser incluso funcionarios o integrantes de gobiernos, crean un escaparate de noticias falsas que infunden temores en la población, en franco perjuicio de ésta, sobre todo, de la salud de la población.
Por ello, el derecho de acceso a la información pública es una herramienta seria que, si sabe utilizar y proteger permitirá a cualquier individuo escuchar todas las opiniones, pero tendrá la oportunidad de analizar y valorar con insumos que respalden objetivamente las voces responsables. Y que, a pesar de ello, si aún así el particular se sostiene en una posición contraria a las vacunas, sea respetado bajo criterios de responsabilidad y respaldo informativo.