Comisionado del INAI
Actualmente, pero ahora más que nunca, la presencia de los tribunales en el debate público no tiene precedentes. Las actuaciones, pronunciamientos y resoluciones de jueces y tribunales han otorgado gran visibilidad a la labor jurisdiccional que desempeñan. Temas como la interrupción legal del embarazo, el consumo lúdico de la mariguana, el matrimonio igualitario, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o la construcción de grandes proyectos de infraestructura, son tan solo algunos de los asuntos socialmente más prominentes de los últimos tiempos.
Y en ellos, el Poder Judicial en las instancias que le conforman ha establecido importantes criterios para la interpretación y aplicación del marco jurídico.
A ellos se suman otros que, desde el ámbito privado, también producen consecuencias jurídicas relevantes en las diversas esferas de la vida de las personas, como lo son: el Derecho de Familia en relación con el interés superior de la niñez; el Derecho Civil en torno al respeto a la propiedad privada, entre otros.
No obstante, este impacto de la labor jurisdiccional en la vida pública y privada, en ocasiones no es correspondiente con la socialización, difusión y conocimiento generalizado de dichas funciones tribunalicias. Por lo que la impartición de justicia puede ser, en ocasiones, una cuestión ajena e incomprensible para algunas personas, evidenciando con ello la necesidad de implementar acciones encaminadas a lograr mecanismos de justicia abierta cada vez más cercanos y aperturistas.
Soy de la idea de que la reciente reforma constitucional de marzo de este año al Poder Judicial, pero, sobre todo, la implementación que de la misma haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, trataría de cerrar la brecha que existe entre ese mundo complejo de lo judicial y el legítimo derecho del ciudadano de a pie a que se le imparta justicia.
Dicho de otro modo, acercar la justicia a la gente, algo que el Poder Judicial de la Federación ha asumido como una tarea prioritaria y encuentra en el INAI un aliado incondicional a esa labor de justicia abierta.
La justicia abierta como modelo de gobernanza que surge de la idea primigenia del gobierno abierto es un campo disciplinar que busca replantear la relación existente entre el gobierno y la sociedad civil, para favorecer la transparencia en los servicios, procesos e información gubernamental, donde la participación individual y social y la colaboración institucional se conjugan para atender nuevas demandas y necesidades sociales.
La justicia abierta es uno de los principios fundamentales de las democracias constitucionales. Es consecuencia de la práctica de los ejes rectores de la tutela judicial efectiva, del acceso a la justicia, de la transparencia y la rendición de cuentas.
La justicia abierta se compone por la transparencia del Poder Judicial, la participación de una sociedad civil especializada y mejores prácticas en la función judicial en beneficio de las y los ciudadanos.