Cambio de régimen
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Cambio de régimen

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Cambio de régimen

14/03/2019
Actualización 14/03/2019 - 13:07

Una de las propuestas de campaña de López Obrador fue la de la transformación del país, principalmente en lo que atañe al régimen político. Es decir, no se trataba sólo de la alternancia en el poder como sucedió en 2000 o en 2012, sino una modificación a fondo de las reglas del juego con las que se hace política en la nación en su conjunto. Del presidencialismo autoritario al presidencialismo acotado, para regresar a la concentración del poder en el Ejecutivo federal en un intento por reducir al mínimo la fuerza de los gobernadores y regresársela al dueño de la silla grande.

Por ello la fascinación de AMLO por el nacionalismo revolucionario y el desarrollo estabilizador, y su rechazo a las instituciones construidas durante la transición democrática para aminorar el poder presidencial y fortalecer a organismos de la sociedad civil, que representan la heterogeneidad de un pueblo diverso y desigual que buscaba canales distintos al de un superejecutivo incuestionable para gobernarse y resolver sus problemas fundamentales.

Cambio de régimen que supone la eliminación de todo aquello que implique no sólo la reducción de las facultades legales y metaconstitucionales del presidente, sino la existencia misma de entes autónomos capaces de contener la concentración del poder que ese modelo de gobierno provoca de forma automática. Cuando se intenta acabar con el traslado de recursos a estancias infantiles, refugios para mujeres maltratadas o cualquier otra instancia donde se pierda el control, no del uso del recurso mismo, sino de la relación entre quien proporciona el recurso y quien lo recibe, el objetivo es claro: recuperar el beneficio político de la asistencia directa y eliminar el poder de las instituciones de la sociedad civil.

Este concepto de 'relación directa' entre gobernante y gobernado responde a la propuesta de nuevo régimen a construir, donde la relación ciudadano-mandatario no pasa por intermediación ni regulación alguna, lo que termina haciendo confluir la voluntad del caudillo con la del pueblo en una expresión monolítica sin posibilidad de cuestionamiento alguno. En este sentido, el rechazo de López Obrador a la figura de Carlos Salinas proviene no de la enorme concentración de poder que este presidente logró generar durante su gobierno, sino al hecho de que la utilizara para construir un modelo neoliberal contrario al nacionalismo revolucionario sostenido por el hoy presidente como proyecto legítimo de país.

El abuso de poder y la corrupción sin límite por parte de un buen número de gobernadores durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, abonó en favor de esta propuesta centralista de regresar la toma decisiones al centro y eliminar aquellos resquicios por donde grandes cantidades del Presupuesto federal terminaban en los bolsillos de los mandatarios estatales y sus cuates. Pero suponer que concentrando poder y dinero en el Ejecutivo federal se terminará la corrupción y se ejercerá el gasto de manera eficiente, es una ilusión voluntarista ajena a las prácticas internacionales que demuestran que únicamente un esquema institucional de pesos y contrapesos puede garantizar el buen uso del dinero público.

Cambiar las reglas de la democracia mexicana por los altos costos económicos que representa, o por la desconfianza en actores políticos no sometidos a la voluntad presidencial, no mejorará las condiciones de vida de la población, ni incrementará el acceso de las mayorías a niveles mínimos de bienestar. Simplemente volverá más discrecional el uso de recursos públicos y elevará el grado de concentración del poder en una sola persona. Ese es el riesgo.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.