Cuando hace un año Morena y López Obrador arrasaron con el sistema político mexicano, todo apuntaba a la reconstrucción de un modelo unipartidista con una oposición subordinada al poder central en una reedición del PNR y eventualmente del PRI. La aplanadora legislativa a nivel federal y estatal, y la desaparición de la base social que principalmente el Revolucionario Institucional poseía en distintas regiones del territorio nacional, nos confirmaban la sustitución de un partido hegemónico en decadencia por otro en surgimiento y consolidación.
Morena pasa ahora por el proceso de construcción institucional en la medida que, como el PNR, comenzó como un movimiento de caudillos –en este caso de un solo caudillo– y requiere armar un andamiaje que le permita funcionar más allá de la voluntad de su propietario. Las elecciones del pasado 2 de junio demostraron tanto la fuerza del partido gobernante y su líder en Puebla y Baja California, como su debilidad en otras entidades donde Acción Nacional tuvo capacidad de recuperación. El PRI quedó relegado a partido marginal en una muestra clara del desmoronamiento de su estructura como consecuencia de la derrota de 2018 y la pérdida de casi toda su base electoral.
Los errores cometidos por López Obrador durante los primeros seis meses de su administración no han afectado significativamente su popularidad, pero sí incrementado el enojo social en aquellos afectados, principalmente por el intento de desmantelar las instituciones proveedoras de bienes y servicios, consideradas como parte del esquema neoliberal a desaparecer.
Así, beneficiarios de guarderías, de becas Conacyt, de Prospera, y en general de un sistema burocrático imperfecto pero indispensable para mantener en funcionamiento las tareas fundamentales del Estado mexicano, han sufrido este proceso que pretende redirigir recursos a un nuevo modelo clientelar que elimina las instituciones ajenas al espacio político-electoral, para regresar al México patrimonialista que tanto éxito le produjo al PRI en detrimento de la democracia y del desarrollo del país.
Es esto lo que la oposición ciudadana y política en el PAN y en lo que queda del PRI no subordinado a AMLO tiene que abordar como forma de cuestionar un poder casi invulnerable, como el de López Obrador. Los temas de inseguridad y corrupción que tanto le sirvieron a Morena para apoderarse de la presidencia, son hoy los puntos más débiles de la 4T en tanto no se presenten resultados perceptibles a la sociedad. Y si en Acción Nacional necesitan redefinir agenda y liderazgos, más aún ante el surgimiento de nuevas fuerzas como la encabezada por Margarita Zavala, en el PRI el escenario luce catastrófico.
La apuesta de Alejandro Moreno, Alito, es la de incorporar al PRI a Morena para junto con los gobernadores tricolores negociar un paquete político significativo que le dé fuerza negociadora dentro del nuevo régimen, lo que en el mediano plazo significaría la disolución del Revolucionario Institucional al interior del nuevo partido dominante. Por ello la opción de José Narro supone la apuesta por un nuevo partido de oposición a fundar sobre las ruinas de un PRI destrozado por sus propios excesos y abusos.
La oposición unida o dividida, más allá de oponerse a un modelo de crecimiento hacia adentro compatible con el libre comercio exterior, requiere de una agenda que defienda la institucionalidad democrática y genuinamente liberal, así como la resolución de los problemas y conflictos en el marco de acuerdos entre actores legítimos, y no como parte de una guerra destinada a descalificar y eventualmente eliminar a enemigos y traidores en el marco de un régimen excluyente.