Carlos Urzúa tenía un problema desde que se le mencionaba como posible candidato a la Secretaría de Hacienda por parte de la coalición ganadora de la elección presidencial de 2018. Por un lado, aparecía como un economista serio, comprometido con los principios de mantener el equilibrio macroeconómico como condición indispensable para cualquier reestructuración mayor del desarrollo nacional; y por otro, se reconocía su estrecha relación con el entonces presidente electo López Obrador y su proyecto de romper con el modelo de crecimiento y distribución del ingreso heredado de las administraciones pasadas, englobado en lo que denominaron como el "neoliberalismo" a desmantelar en la cuarta transformación.
Urzúa pensó que podía conciliar ambos mundos precisamente por la enorme confianza y admiración que sobre la figura de Andrés Manuel tenía el hoy exsecretario de Hacienda. Su poder para imponer limitantes a proyectos inviables económicamente, o francamente improductivos en la práctica, lo hicieron chocar una y otra vez con aquellos que demandaban recursos y se veían apoyados por la retórica generosa del primer mandatario. Recortes a rajatabla que producían protestas que había que atender dando marcha atrás a lo inicialmente acordado, convirtieron al funcionario hacendario en un miembro solitario del gabinete presidencial.
Su enorme poderío como recaudador y repartidor de recursos se vio cada vez más limitado por el cerco de aquellos a los que denunció en su carta de renuncia: "Funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública", en el marco de "decisiones de políticas públicas tomadas sin el suficiente sustento". Urzúa suponía que su cercanía con el presidente y el compromiso de este de someterse a la disciplina económica exigida a nivel internacional para crecer sanamente, eran una garantía para mantenerse en el puesto y simultáneamente detener los extremismos propios de un movimiento populista poseedor de todo tipo de corrientes de pensamiento y acción.
El momento de la renuncia está ligado a un tema clave para el futuro de la estabilidad económica del país, y este es la presentación del plan de negocios de Pemex a los grandes inversionistas poseedores de bonos de la petrolera. Es esto a lo que se estará enfrentando el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en los próximos días. Herrera, crítico de la construcción de la refinería de Dos Bocas y cuestionado por AMLO por estos pronunciamientos, tendrá que revisar la propuesta y ser parte del equipo que presente dicho plan a los interesados para evitar que las calificadoras reduzcan aún más la calificación de la petrolera mexicana y obliguen al gobierno federal asumir su deuda como soberana.
Esto presionaría al mercado de cambio y en general a la percepción del riesgo país, llevando a México al límite del endeudamiento aceptable para una economía como la nuestra. Arturo Herrera, como Urzúa, personaje de toda la confianza del presidente, tiene el mismo problema que su antecesor: tener que decir que no a aquello que pueda derrumbar el equilibrio macroeconómico, y al mismo tiempo ceder ante lo que su jefe considera señales de una política económica diferente a las heredadas de gobiernos neoliberales.
Por lo pronto, la renuncia de Urzúa ha sido percibida en el exterior como un revés para los círculos promercado dentro del gobierno mexicano, frente a aquellos otros que le exigen al presidente una transformación más agresiva que cierre los circuitos por donde el capital circula y adquiere fuerza frente al poder político. Reconstruir el Estado rector de la economía puede costarnos muy caro y hundirnos en una crisis de dimensiones inimaginables.