Ezra Shabot

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La Secretaría de Haciendas está haciendo un esfuerzo casi sobrehumano para hacer compatible el equilibrio macroeconómico con el proyecto estatista del actual gobierno mexicano.

Los números de la economía mexicana durante el primer trimestre del año han sido malos, muy malos. Tanto por el decremento del PIB de 0.2 por ciento frente al trimestre inmediato anterior, como por la caída en la producción petrolera en 15 por ciento en enero. Producción industrial en descenso y una pequeña contracción en servicios cierran un escenario en donde a pesar del aumento en el poder adquisitivo, no hay aumento en el consumo real. El gobierno se tarda en gastar debido a la instrumentación de recortes desordenados y la falta de rapidez y eficacia en el proceso de avance en la curva de aprendizaje de la nueva administración.

Una Secretaría de Hacienda que hace hasta lo imposible por hacer cuadrar las cifras para evitar presiones adicionales sobre las finanzas públicas, choca con las afirmaciones cotidianas del presidente, quien insiste en que vamos "requetebién" y que tiene otras cifras que le confirman que creceremos al 2.0 por ciento en 2019, cuando los especialistas más optimistas no dan más de 1.6 en el mejor de los casos, situando la media en 1.0 por ciento, y los más pesimistas en crecimiento cero.

La visita de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, a México generó un diferendo frente a la aseveración del presidente López Obrador, de que México crecería 4.0 por ciento durante su sexenio y 6.0 en el último año de la administración. En un intento por conciliar posiciones entre las partes y frente a Carlos Urzúa, Gurría afirmó que sí era viable crecer a esas tasas, pero para ello habría que cambiar la forma de recaudar impuestos y generar confianza en los inversionistas. IVA generalizado, más ISR y menos deducciones, impuestos a la tenencia de vehículos y garantías jurídicas a inversionistas. Lo que parecía una simple recomendación para un crecimiento alto, sano y sostenido, terminó en la descalificación de Gurría por parte de López Obrador.

"José Ángel Gurría no tiene calidad moral para cuestionar al actual gobierno", dijo el presidente en una alusión directa al papel jugado por este personaje durante el rescate bancario. En realidad la molestia de AMLO radica en las afirmaciones de Gurría, que van en contra de una política económica que supone la posibilidad de restablecer el papel del Estado como rector de la economía y, al mismo tiempo, garantizar finanzas públicas sanas y una inversión privada ascendente.

Es este el callejón sin salida en el que se encuentra la Secretaría de Hacienda, en un esfuerzo casi sobrehumano para hacer compatible el equilibrio macroeconómico con el proyecto estatista del gobierno mexicano. Hasta ahora la disciplina financiera de Urzúa y la autonomía del Banco de México, manteniendo altas tasas de interés real para evitar una salida intempestiva de capitales, así como el mantenimiento por parte de las calificadoras del grado de inversión para nuestro país, han evitado algo que, si no hay un cambio en el corto plazo, se producirá sin remedio alguno: la fuga de capitales por parte de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros y la devaluación del peso, y con ello el incremento de la inflación y las tasas de interés.

Intentar componer las dañadas finanzas de Pemex para evitar llegar a la situación antes mencionada suena positivo. Pero si de lo que se trata es reducir una deuda con recursos presupuestales extraordinarios para apagar el fuego hoy, sin garantizar que mañana el incendio no se reinicie por la inviabilidad económica de la empresa, es sólo posponer una crisis que indefectiblemente llegará si no se toman las medidas adecuadas para evitarlo.

Imaginar datos, o adecuar los existentes a realidades no comprobables, sólo aumentan el grado de incertidumbre y la falta de interés por invertir en un país que parecía empezar a entender lo que representa la relación entre inversión, empleo y desarrollo. No se pudo.

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