El bajo crecimiento promedio de la economía mexicana durante las últimas décadas, rondando el 2.0 por ciento, ha sido el resultado de una combinación perversa entre el centro-norte, vinculado a una economía moderna exportadora, y el sur-sureste, hundido en la improductividad, la monoproducción agrícola y una estructura caciquil inmersa en un sistema corrupto reproductor de pobreza como forma de mantener la riqueza de pocos a cambio de la miseria de muchos. La imposibilidad de que el norte productivo jalara al sur atrasado, no sólo partió al país en dos realidades diametralmente opuestas, sino que impidió el desarrollo integral de una nación dividida al menos en dos polos opuestos.
Frente al crecimiento constante de estados como Querétaro y Aguascalientes, a tasas por arriba del 4.0 por ciento, los números negativos de Tabasco, Oaxaca y Chiapas nos llevan a la cifra promedio del 2.0 por ciento, insuficiente para reducir significativamente la pobreza, pero más aún en una demostración de esos dos países que se alejan cada vez más en la calidad de vida que proporcionan a sus habitantes. Y si estos números nos daban para ir trasladando trabajadores de la informalidad al empleo formal en forma incipiente, un crecimiento por debajo del 1.0 por ciento, como el que se prevé para este año, podría revertir esta tendencia y agudizar las diferencias entre las regiones del país.
Hoy, el único motor prendido de la economía mexicana es el de la exportación ligada al TLCAN aún vigente, con una economía norteamericana que sigue creciendo a pesar de los vaticinios de una pronta recesión en el futuro cercano. La parálisis de la inversión nacional deviene de la misma causa por la que las calificadoras han emitido las señales de alarma sobre la economía mexicana: falta de certeza jurídica e incertidumbre con respecto a la viabilidad de los proyectos de infraestructura del gobierno federal.
Tanto el tema del aeropuerto como el del futuro inmediato de la industria energética, han sido suficientes para desalentar a la inversión nacional, pero por supuesto también a la extranjera. Las promesas que en el exterior venden Romo, Ebrard, Urzúa y sus respectivos funcionarios, chocan con la realidad de un presidente que insiste en volver al desarrollo estabilizador, que pretende imponer restricciones y controles inaceptables para aquellos dispuestos a arriesgar su capital, ya sean nacionales o extranjeros. No existe ninguna razón proveniente de los mercados internacionales de capitales para explicar la falta de confianza en un país como México, menos cuando a pesar de todo se espera la aprobación del TMEC en el Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas.
Los compromisos de superávit primario y finanzas públicas sanas serán imposibles de cumplir si, como consecuencia de un magro crecimiento, las cifras de recaudación fiscal disminuyen y la presión social aumenta para que el gobierno cumpla sus obligaciones en seguridad, educación y salud. Los márgenes de maniobra se reducen por el tema Pemex y su inviabilidad económica, así como la insistencia en descalificar a las calificadoras, cuya consecuencia inmediata será sacar a México de los países con grado de inversión y abrir la puerta a la fuga de capitales.
Las medidas económicas que intentan cambiar el modelo de desarrollo van en contra del propio interés de la administración morenista. La austeridad salvaje la deja sin brazos para actuar y la ausencia de una política coherente en materia de inversiones y garantías para el sector privado le cierran camino del crecimiento por debajo del promedio del 2.0 por ciento. No se puede avanzar en un clima de polarización y enfrentamiento, y el costo de no entenderlo será altísimo para todos.