Los medios de comunicación y los políticos de oposición tienen algo en común: ambos requieren de manera indispensable de la libertad de crítica. Cuando incomodan y critican al gobernante debemos suponer, en una sociedad democrática, la discusión, el debate, la réplica y, de ser el caso, la rectificación.
Además de la capacidad de crítica, los opositores al régimen –el que sea- deben tener garantizado el derecho a deliberar libremente, es decir, a analizar, discutir, opinar y resolver los asuntos de su competencia sin cortapisas ni amenazas.
Para garantizar la necesaria crítica al gobernante y la libre deliberación, hace más de 620 años se creó en Inglaterra un derecho fundamental a favor de los representantes populares para defenderse de las arbitrariedades del shakesperiano Ricardo II: el fuero o juicio de procedencia.
Significa, en muy pocas palabras, la imposibilidad de juzgar penalmente a un legislador salvo que el propio Parlamento o cuerpo legislativo así lo apruebe. Es un mecanismo de defensa y equilibrio entre dos poderes, que protege a los opositores tenaces y valientes. Figura emblemática en el desarrollo del pensamiento político liberal, la Constitución de Estados Unidos también prevé la existencia del fuero, y en el Paper LXV de El Federalista se le defiende para evitar la venganza política.
En nuestro país el fuero está plasmado en la Constitución y protege tanto a los legisladores federales como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros importantes funcionarios (la lista es extensa, quizá demasiado). Para desaforar a un funcionario debe seguirse el juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados.
El fuero no es impunidad sino protección en contra de los gobernantes autoritarios, de los príncipes que buscan acallar la voz que disiente. Porque la naturaleza humana es proclive al uso desmedido del poder, se crean instituciones que la limiten.
¿Significa que los malos funcionarios no pueden ser juzgados? No, sólo mientras estén en el cargo y mientras la Cámara de Diputados no los desafuere. No protege en asuntos civiles, sólo penales. Es temporal, protege al cargo y no al individuo, y sujetos a juicio posterior.
Protege el funcionamiento del sistema político democrático y liberal, y es mucho más importante que los discursos fugaces que dieron nuestros diputados federales en abril pasado cuando todos los partidos de la Cámara de Diputados, jubilosa y unánimemente, eliminaron el fuero constitucional.
¿La razón de tal unanimidad? Es electoralmente oportuna, aprobada sin considerar lo que pasaría si pierden la elección y el candidato ganador no es de principios democráticos bien arraigados. ¡Las ocho columnas!
El fuero es impopular y de mala fama; apenas se han desaforado a nueve personas hasta el año 2016. Así las cosas, sí pareciera ser patente de corzo para majaderos y corruptos. En realidad, tiene mucho mayor profundidad y el mal uso histórico de la figura no la descalifica a ella misma sino a quienes no han sabido entenderla o utilizarla.
Por supuesto, cabe revisar diversos aspectos de la figura actual, pero no para suprimirla o debilitarla sino para hacerla eficaz. Incluso puede pensarse en una protección diferenciada. El piso, lo único que no debe alterarse, es la imposibilidad de procesar penalmente a legisladores y ministros de la Suprema Corte sin que ello sea aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
Prudentemente, el Senado de la República detuvo la minuta de Diputados; esperemos que la próxima legislatura reflexione más y mejor en torno a esta necesaria institución.
La crítica y la divergencia definen la democracia; su ejercicio debe estar garantizado para aquéllos que hagan la función de contención constitucional de la voluntad del gobernante. Ambas son concomitantes al derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación, en el fondo reflejo y difusores de las libertades que tienen otros.
Fortalezcamos las figuras esenciales a la democracia, no las debilitemos, nunca sabemos cómo cambiarán las cosas.