Muchos infractores sorprendidos in fraganti lo primero que hacen es negar los hechos, sabedores que las instituciones son frágiles y que la reiterada negativa puede conducir a la exoneración. Negar un hecho mil veces a veces conduce a su inexistencia.

La empresa Roku, dedicada a la venta de dispositivos electrónicos que, al conectarse a la televisión, dan acceso a contenidos audiovisuales por internet (vía streaming), fue demandada civilmente por Cablevisión hace más de un año, pues tal dispositivo permite fácilmente la piratería de películas, series y programas, violando la Ley Federal de Derechos de Autor. Reiteradamente ha negado o minimizado –y ahora se suman columnistas a su favor- la ilegalidad que propicia el uso de su dispositivo.

La importancia del caso está en función de lo que está pasando en el mundo en el combate a las nuevas formas de piratería vía internet. Después del pasmo inicial de los años noventa, cuando se pensó que el mundo virtual de la nube de internet no era regulable, ahora los gobiernos actúan cada vez con mayor energía a combatir delitos que causan daños incrementales a la economía (en México del 4% del PIB).

Un juez de la Ciudad de México dictó una medida provisional para que, en tanto se lleva a cabo el juicio, no se puedan importar ni comercializar tales dispositivos, ratificada por diversas instancias del Poder Judicial Federal.

Hace unos cuantos días Roku afirmó que, según sus estadísticas, aún persiste un 8% de transmisiones ilegales en su plataforma. La piratería no se mide en porcentajes sino en su incidencia misma: se calcula que hay alrededor de 575 mil usuarios piratas de Roku en México que diariamente podrían violar los derechos de los legítimos titulares de tales obras.

El 8% esconde un gran cúmulo de delitos cometidos por terceros. ¿Es correcto pretender su reingreso al mercado a sabiendas de que ello incentivará que se cometan cientos de millones de actos anuales de piratería? Es una burda contradicción de principio.

El crecimiento exponencial en la venta de los dispositivos de Roku en México fue muy grande y rápido; hay quien sostiene que el verdadero diferenciador con otros dispositivos fue precisamente la facilidad con la que éstos se pueden hackear. En su momento, poco le importó la debilidad cibernética del sistema.

La empresa sostiene que su reingreso al mercado mexicano será en beneficio de los usuarios. Incluso en días pasados hubo una columnista que, burlándose de las autoridades judiciales mexicanas locales y federales, afirmó que el impedimento para distribuir los equipos era de fondo una lucha en contra de las nuevas tecnologías para favorecer a los operadores de televisión de paga. En ocasiones, quizá con ingenuidad, los estudiosos se convierten en auténticos paladines de la piratería.

En el mundo real, ninguna de las principales operadoras de internet que prestan el servicio de televisión por cable (Cablevisión o Megacable) ha emprendido acción judicial alguna en contra de cualquiera de otros dispositivos similares (como Apple TV), más robusto que Roku en este aspecto, por la sencilla razón de que hoy en día a nadie sensato se le puede ocurrir combatir por sí mismo el streaming de contenidos vía internet. Cobijarse en la bandera de la competencia suena bien y "jala" opinión, pero el argumento se cae solo.

La ley no se cumple a medias o en partes; se cumple o no. También grave es el tema de la vulnerabilidad de la seguridad y privacidad de los usuarios a la que sus equipos de cómputo han quedado expuestos con un sistema informático frágil. ¿Se han considerado estos daños?

Este embrollo ha traído cosas buenas, incluso para Roku, que declara que busca mejorar la erradicación del robo de derechos de autor. Lo importante de fondo es que en México se combata con decisión una de las formas de piratería más graves en el mundo: la que se hace vía streaming en internet. Esta batalla apenas empieza y bien haría Roku en sumarse sin esgrimir argumentos que al final podrían avergonzarle.