Si en las pasadas elecciones obtuvieron mucho, pero quieren más, y si lo obtienen, ¿qué nos hace pensar que van a detenerse en la desaparición de los órganos autónomos, la sobrerrepresentación y la reforma al Poder Judicial?
¿Cuál será su siguiente paso en la ruta de control político y social? Los medios de comunicación. ¿Bajo qué figura? ¿La censura, la presión, el equilibrio en el número de opinadores de oposición y oficialistas en todos los medios? Eso primero, para enseguida ir, formalizándolos con leyes y regulaciones, por el control de los medios de comunicación y, por ende, con el fin de la libertad de expresión. ¿Qué podría detenerlos si tuvieran, con la reforma al Poder Judicial a su favor, todos los controles supeditados?
La televisión abierta, con este gobierno, encontró acomodo, buenos negocios, acuerdos de silencios y autocensura. La resistencia que durante unos meses presentó TV Azteca, que se confundía con la campaña de Salinas Pliego para evadir el pago de impuestos, fue combatida desde el gobierno con ataques sistemáticos (como en el caso del campo de golf en Oaxaca), mediáticos y embates fiscales. Con la reforma judicial operando, se podrá obligar a las televisoras y a los medios a concentrarse en las noticias positivas al gobierno, a los ‘otros datos’, a la propaganda abierta, al culto de la personalidad del exiliado en La Chingada.
¿Por qué se contendrían, una vez obtenida a su favor la reforma judicial, frente a los medios de comunicación? Después de todo, teniendo a la mayor parte de los medios escritos en su contra, pudieron darse cuenta de que, al momento de los votos, esos medios contaron muy poco. Podrían servir como medios útiles al poder. Como lo denunció Mario Vargas Llosa en el Encuentro Vuelta en 1990, al decir que México era una dictadura perfecta, porque alentaba, e incluso pagaba, a sus propios críticos.
Si La Jornada obtuvo poco más de mil millones de pesos en los pasados seis años del gobierno, otras facciones del gobierno y/o el partido verán la oportunidad de hacer negocios a través de periódicos oficialistas, regresando a los tiempos de El Nacional.
En los canales de televisión pública en estos seis años la experiencia fue desastrosa. Propaganda descarada. Exhibición del más bajo nivel televisivo. Usaron la televisión para enriquecerse mientras empobrecían la vida del espectador. Utilizaron los medios públicos para mofarse de la oposición. Dejó de ser una televisión del Estado para convertirse en el canal del Partido. Hasta la esposa de Martí Batres tuvo su programa, con tan mal rating que en poco tiempo tuvieron que retirarlo.
Ya comenzaron a aparecer iniciativas para evitar que se falte el respeto a López Obrador. Ya empezamos a ver medios, electrónicos y escritos, tolerando cuotas para equilibrar opositores y oficialistas. Faltan las nuevas leyes para restringir la prensa. El mensaje es: si pudieron con el Poder Judicial, ¿no podrán reformar el cuarto poder?
¿Cuál será el incentivo morenista para no limitar y encorsetar la prensa? Si les molesta tanto como a López Obrador, ¿por qué habrían de contenerse? Al PRI hegemónico la prensa crítica le servía para legitimarse, ya que hacían fraude en las elecciones. Morena no necesita la prensa crítica para legitimarse porque, según su lógica, cuentan con la legitimidad de las mayorías.
Antes de asumir la Presidencia en 2018, López Obrador hablaba de reglamentar la publicidad oficial en los medios, hacerla transparente, no discrecional. Otro de los compromisos no cumplidos de López Obrador. Terminó su sexenio con desniveles extraordinarios. A La Jornada, mil millones de pesos, a muchos otros medios ni un centavo.
Estrangular, asfixiar, censurar, presionar, es lo que viene para los medios de comunicación no plegados a las razones —y sinrazones— del gobierno, ¿qué los va a detener, en caso de que se apruebe la reforma judicial?
La voluntad reactiva de los medios de comunicación no podrá venir del gobierno, tendrá que venir de los propios medios —directivos, periodistas, lectores, empresa— su defensa. En primer lugar, exigiendo reglas claras, una regulación justa, no partidista.
Los votos volverán a ser contados por el gobierno. Desaparecerá la transparencia, cuando se necesite conocer un dato se preguntará a la secretaría correspondiente, y será decisión de la secretaría si la brinda, o no, o la resguarda por cinco años, por seguridad nacional. El gobierno se investigará a sí mismo. ¿Qué necesidad de que la prensa indague, busque, compare, pregunte? Conocemos la posición de apoyo y solidaridad, aunque sea como eco presidencial, de Claudia Sheinbaum a Julian Assange. Es decir, aplaude que un medio no gubernamental haga transparente la información reservada, pero no se ha mostrado solidaria, al contrario, con Loret de Mola porque ha revelado la corrupción en los primeros niveles de este gobierno. Sheinbaum, luminosidad con Assange, oscuridad con Loret de Mola.