Leer es poder

Juicio al presidente

El presidente está convencido de que el fin justifica los medios, de que hacer trampa para llegar al poder es lícito porque desde el poder ayudará a los desfavorecidos.

Desde su campaña en 2018 (que ahora sabemos fue financiada con dinero sucio) López Obrador ofreció promover que se eliminara el fuero al presidente para juzgarlo por cualquier delito y no sólo por traición a la patria como ocurre ahora.

Cuatro días después de asumir el poder envió la propuesta a la Cámara de Diputados. Los legisladores de Morena prepararon la iniciativa, la enviaron al Senado, que le hizo algunos cambios, y la regresó a la Cámara. Finalmente los diputados de Morena decidieron que no era buena idea enjuiciar al presidente y mandaron la iniciativa a la congeladora. A finales de junio de este año, el presidente volvió a enviar la propuesta al Poder Legislativo. "Tengo información –dijo– de que esta iniciativa será una de las primeras que se discuta cuando inicie el periodo de sesiones el primero de septiembre".

En medio de una crisis sin precedentes en las áreas de salud, economía y seguridad, la posibilidad de juzgar al presidente cobra una nueva dimensión. Cuando finalmente se legisle, no sabemos cuánto de la iniciativa original se conserve. El año pasado, al momento de discutir la primera propuesta, los legisladores de Morena añadieron una cláusula para que el presidente no pudiera ser procesado "por cualquier delito", sino que las acusaciones tenía que validarlas antes el Senado. La Cámara alta cuenta con mayoría morenista, que serviría para bloquear cualquier acusación adversa, del mismo modo que ocurrió en Estados Unidos con el intento de impeachment que indignamente bloquearon los senadores republicanos. Si insisten en mantener ese control, la ley nacería muerta. Una ley inútil para lucir ante sus fieles. Si por el contrario, la ley posibilita que el presidente, como todos los mexicanos, pueda ser juzgado por cualquier delito, se abriría una oportunidad para contener el daño que las políticas públicas ejecutadas hasta ahora han infringido al país.

¿Por qué la insistencia del presidente en este tema? Ofrezco dos hipótesis. La primera es la obvia: porque está convencido de que es un hombre justo y que siempre ha actuado en favor del país y de los pobres. Lo cierto es que los actos generan consecuencias. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. La idea de separar el poder político del económico es una idea loable. Cancelar el NAIM para demostrar con un gran gesto que esa separación iba en serio, costó al país 180 mil millones de pesos. Detener la guerra sangrienta y pacificar el país es desde luego una idea noble, pero la forma como la instrumentó torpemente Durazo ha arrojado hasta ahora 54 mil muertos. Tal vez el presidente obró de buena fe al confiar en el plan de López-Gatell, pero la situación a la que éste nos ha llevado es "catastrófica", según la describió él mismo. ¿Qué se hace con un funcionario que conduce a un país a una situación catastrófica? Se le despide y se le juzga. López Obrador en cambio decidió premiar ese fracaso de 60 mil muertos oficiales otorgándole más poder al funcionario.

Otra de las hipótesis es que el presidente desea terminar su periodo anticipadamente con un juicio que le permita, desde el martirologio, enunciar su propia versión de "La Historia me absolverá". Habrá hecho un cálculo elemental: no hay presidente que gane una elección en medio de una recesión económica. A la cuenta de la recesión le habrá añadido el fracaso en la contención del Covid y la caída de 10.5 por ciento del PIB. Ante un pronóstico negativo en las elecciones de 2021 y una posible consulta de revocación de mandato adversa, mejor el juicio. López Obrador es muy bueno para organizar espectáculos políticos, frases, gestos, concentraciones, aires de martirio. Antes de que ocurra la defenestración, en el juicio del siglo tendría oportunidad de exponer la santidad de sus decisiones.

El presidente está convencido de que el fin justifica los medios; de que hacer trampa para llegar al poder es lícito porque desde el poder ayudará a los desfavorecidos; de que la ley no importa, lo que importa es la justicia y él es un hombre justo. El justo al que la historia también absolverá.

No debemos olvidar que la iniciativa viene del presidente, no de la oposición. Él es el principal impulsor de esa ley. Es el presidente el más interesado en que se pueda llevar a juicio al presidente.

En los videos exhibidos recientemente se observa a Pío López Obrador y a David León. Pero hay un tercero que no aparece en los videos. Se trata de la persona que recibía el dinero. En 2015, año en que fueron grabados los videos, Andrés Manuel López Obrador era el presidente de Morena, era la persona a la que su hermano Pío entregaba el dinero. La semana pasada, cuando el presidente comentó estos videos en su conferencia, le preguntaron si acudiría a declarar en el caso de su hermano Pío. Pero si Pío faltó a la ley, también lo hizo quien recibió el dinero recaudado.

En este contexto, el juicio al presidente en funciones cobra un sentido muy relevante que no debe perderse de vista.

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