En días recientes, hemos sido testigos del revuelo político y social que acontece en Venezuela, país que el 28 de julio cumplió el compromiso entre los ciudadanos y las urnas para elegir el futuro presidente de su país. Los personajes principales de este proceso fueron Nicolás Maduro, quien lleva 12 años como titular del ejecutivo, y su principal competidor, Edmundo González, respaldado por María Corina Machado.
El bloque opositor encabezó un movimiento que se fortaleció por todos los problemas sociales y económicos que hoy viven los venezolanos, por ejemplo: el PIB cayó un 70 por ciento del 2013 al 2020; la pobreza en la población representa hoy el 82.8 por ciento y el 50.5 por ciento de esa cifra es pobreza extrema; el salario promedio en la iniciativa privada es de 110 dólares al mes, aunado a un escenario que para muchos tiene ya forma de dictadura.
Este proceso se dio en un entorno que ha dado lugar a la suspicacia local e internacional, con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la mayoría de los órganos autónomos completamente controlados por el Estado, como el caso del Banco Central, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia.
Ese día, fuimos testigos de una participación electoral sin precedentes, millones de ciudadanos acudieron a votar y esperaron con ansias los resultados. Tras un silencio prolongado del CNE, al final de la noche se reveló un resultado que favorecía al presidente en turno, Nicolás Maduro.
Esto provocó movilizaciones dentro de Venezuela y la indignación en medios alrededor del mundo, ya que los datos presentados carecían del respaldo de actas públicas y contrastaban con el visible sentimiento local. Dichos resultados fueron rechazados por amplios grupos de ciudadanos y por una parte relevante de los actores internacionales, acusando de intervencionismo, opacidad y fraude.
La atención que requiere el caso venezolano no es distinta a otros casos que, como parte de nuestro Debate Puntual, debemos considerar en la arena política de nuestro país. Si bien nuestro proceso electoral transcurrió con la independencia de un órgano electoral autónomo y no hay elementos para poner en duda el resultado que dio como virtual ganadora a Claudia Sheinbaum, algunas instancias en nuestro sistema político también han sido cooptadas por grupos que no parecen abrir espacio a la democracia.
Me refiero particularmente al PRI, el partido más antiguo del sistema político mexicano, hoy tomado por una cúpula que controló el proceso interno para reelegir a modo a su actual dirigente, Alejandro Moreno, quien no obstante los resultados negativos en su gestión (hoy, el partido representa únicamente el 11 por ciento de los votos a nivel federal y solo cuenta con dos gubernaturas: Durango y Coahuila), y quien ostentará otro período al frente del partido, contraponiendo cualquier norma, regulación o principios.
La incongruencia actual de la dirigencia del Revolucionario Institucional, el partido que construyó la modernidad de México y promovió la creación de algunas de nuestras instituciones más sólidas, está debilitando no solo a la propia institución política, sino a todo el sistema republicano que vivimos en México; debilitando a una oposición que debería fortalecerse para construir un verdadero contrapeso que defienda las instituciones y sea representante activo de la sociedad que no dio su voto al grupo político en el poder.
Esto, además, se da en un contexto nacional único y un momento histórico y vital hacia el futuro, con la propuesta de reformar el Poder Judicial, este tercer poder que tiene nuestra República y que ha servido de contrapeso a todos los gobiernos en turno, incluso aquellos que han tenido el respaldo del Poder Legislativo.
Los ciudadanos debemos recalcarles y exigirles a nuestros representantes que defiendan, fortalezcan, cuiden, procuren y mejoren nuestras instituciones, y más aún aquellas que son autónomas y representan un contrapeso a un poder absoluto. Para eso se requiere que la oposición sea sólida desde sus distintas instituciones, entre ellas, el hoy desdibujado PRI.
En aquellos países que viven en dictaduras, se eliminaron sistemáticamente los contrapesos y se gestionó un poder total y mesiánico. Tristemente, esos países no son referentes de desarrollo, de crecimiento, de educación o de salud. Entonces, por qué permitir que todo esto se contraponga a lo que todos queremos de nuestro país: un México próspero, justo, igualitario…
Sigamos atentos a esto que sucede en el mundo pero que también pasa frente a nuestros ojos, y construyamos, más que una oposición de caricatura, un grupo de ciudadanos pensantes, que cuestionan a la par que proponen los caminos hacia el México del futuro.