Plan de seguridad de AMLO: Contradicciones, críticas y silencios
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Plan de seguridad de AMLO: Contradicciones, críticas y silencios

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Plan de seguridad de AMLO: Contradicciones, críticas y silencios

19/11/2018
Actualización 19/11/2018 - 11:11

Otra más a la lista de sorpresas y cambios de discurso del próximo gobierno de México. Si bien es sabido que de un proceso electoral a ocupar los cargos públicos hay una gran diferencia, parece que existen pocos casos tan sonados y evidentes como los que ocurren durante este proceso de transición, en los que se borran de un plumazo promesas insignia del entonces candidato.

El primer caso lo vimos con los combustibles: en campaña, AMLO aseguró que eliminaría el IEPS y disminuiría el precio de la gasolina; posteriormente, con una serie de mensajes dignos de don Mario Moreno Cantinflas, legisladores de Morena intentaron ocultar su incapacidad para cumplir dicha promesa, y minimizar la permanencia e impacto de dichos costos en la vida de los mexicanos, argumentando que mantendrían el incremento en relación con la inflación. Cabe mencionar que es algo muy parecido a lo que sucedía con los llamados gasolinazos y que tanto fueron criticados por el entonces candidato.

Como segundo ejemplo, tenemos el tema de la austeridad republicana en el quehacer gubernamental, tan popular y replicado en campaña. En la práctica, se manifestó en paliativos sobre el presupuesto y el gasto, por lo menos en las cámaras de Diputados y Senadores, y en la propuesta del PEF 2019 que exige más recursos para salarios en una nómina que, se supone, recortarían en tamaño y en sueldos. También debemos contemplar el costoso acondicionamiento de un inmueble histórico como Palacio Nacional que no está dispuesto para ser habitado, tal y como refieren algunos dictámenes de Protección Civil; por ejemplo, tiene prohibido, entre otras cosas, tener instalaciones de gas y aun así se pretende adecuarlo a las necesidades del presidente electo y su familia.

Ahora con el plan de seguridad, que en campaña criticó duramente la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. A dos semanas de su toma de posesión, demostró una vez más que la práctica se impone al discurso: en temas de seguridad, no llegará el golpe de timón que tanto prometió y mantendrá la estrategia e inteligencia militar para combatir al crimen organizado.

De hecho, como lo mencionó recientemente Human Rights Watch, López Obrador redobla la apuesta de sus antecesores con su Plan Nacional de Paz y Seguridad que, con un juego de palabras orwelliano, intenta distraer la atención sobre uno de los puntos más preocupantes de su propuesta -y eje de la misma: la creación de una Guardia Nacional conformada por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

En el discurso, tanto AMLO como Alfonso Durazo, el encargado de seguridad en el equipo del presidente electo, señalan que su propuesta es “un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto” al de los sexenios anteriores, aunque en la práctica sea adjudicarles directamente a las fuerzas castrenses labores que no les corresponden: la prevención, la investigación, la detención e incluso la presentación de detenidos ante el MP.

De nuevo en el discurso, aseguran que la operación de la Guardia Nacional en temas de seguridad pública sólo duraría en tanto las policías locales de cada entidad y municipio logran estructurarse de manera eficiente, cumpliendo controles de confianza y adiestrándose para combatir a la delincuencia organizada. Es curioso que en su intento de “pacificar” al país, no planteen una ruta de acciones enfocadas en la mejora de los cuerpos policiales municipales y estatales, y del regreso de militares y marinos a los cuarteles.

Comparado con la Ley de Seguridad Interior, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, y aprobada en el 2017, el plan del próximo gobierno resulta preocupante, toda vez que, más allá de legislación en la materia, planea la creación de un nuevo cuerpo, con más atribuciones y un mayor número de elementos a los existentes en la actualidad, sin mejorar el sistema penal actual ni atender las necesidades de los cuerpos policiacos que deberían encargarse de la seguridad pública.

A las voces en contra de una estrategia de seguridad basada en la participación de las Fuerzas Armadas, además de Human Rights Watch, se suman Amnistía Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH y un gran número de asociaciones civiles y ONG, que han mostrado preocupación porque elementos entrenados en el Ejército y la Marina realicen tareas ajenas a su educación y adiestramiento.

Lo que no deja de sorprender, es que sectores de la población que durante 12 años se pronunciaron en contra de la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, hoy guarden silencio y no se percaten de la similitud de dicha propuesta con el Ejército Nacional de Venezuela, que en la actualidad es el órgano de gobierno que intimida, castiga y procesa a los ciudadanos de aquel país con fines políticos, de represión y que nada tienen que ver con la seguridad.

Nuestro Debate Puntual debe centrarse en la participación ciudadana en estos temas de relevancia para la vida libre y democrática de nuestro país, asumiendo la obligación de aportar a la búsqueda de acciones integrales que no se basen en la militarización y que se enfoquen en proveer bienestar social y en la reconstrucción de comunidad como factores de cambio.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.